La persecución política desatada tras los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo 14 de abril dentro de los organismos de administración pública, en contra de los trabajadores no alineados con la ideología política que promueve el Psuv, llego al Consejo Legislativo del estado Miranda.
«Esto representa una violación de los derechos humanos y laborales», asegura un empleado del parlamento regional, que prefiere denunciar desde el anonimato la presunta «caceria» que tienen personeros del oficialismo con funcionarios de carrera que hacen vida, algunos desde hace más de 10 años en la casa de las leyes. “Nos obligaron a trabajar los días posteriores a las elecciones cuando el país estaba en una situación de conflictividad.
La semana pasada, los simpatizantes del oficialismo intentaron tomar la sede de la gobernación, y allí en la manifestación los directores de Finanzas, Servicios Generales y Administración del parlamento, eran los primeros que arengaban que agredieran a los empleados que son de otra corriente política, en vez de protegernos por institucionalidad”, destacó.
Otra funcionaria de carrera que presuntamente está amenazada con ser despedida precisó que luego de la inmensa cantidad de votos a favor de Capriles el pasado 14-A, ganando Miranda y municipios que eran bastiones del chavismo como Guaicaipuro, “existe cacería de brujas con la cual se busca desincorporar de las nóminas a los empleados considerados opositores. Este Gobierno viola su propio decreto de inamovilidad laboral lo que atenta contra la paz y la tranquilidad de los empleados”.
Los casos más significativos según los denunciantes son los de dos empleados de protocolo, quienes presuntamente están en la lista negra del parlamento, aún cuando uno de ellos es funcionario de carrera con más de 20 años en la institución. Según la fuente han sido intimidadas por la diputada Wiselys Álvarez y la jefa de personal de la institución, Zulima Pérez.
Los empleados que supuestamente están vulnerados en sus derechos no precisaron si en el caso del CLEBM revisan las computadoras personales, teléfonos celulares y las cuentas en redes sociales de los trabajadores como una medida para verificar su tendencia política, sin embargo, no desestimaron que lo hagan en las próximas horas. “Es importante que entiendan que la libertad de pensamiento es un derecho legítimo, y que en las gestiones pasadas donde mandó el sector oposición, no tomaron represalias políticas. De hecho gran parte de la familia del ex diputado Glen Rivas, hijo, hermanas, primos, cuñados, trabajan allí y no fueron despedidos”, remató el denunciante que la actitud es hostil y por ello hacen un llamado a la presidenta para que cumpla la institucionalidad y la Ley de Inamovilidad.
Persecucion nacional
La diputada del Parlamento Latinoamericano Delsa Solorzano, denunció igualmente el hostigamiento en instituciones del gobierno, en donde se han recibido mayor cantidad de denuncias por despidos y amenazas, entre los frecuentes se encuentra Pdvsa, gobernaciones Vargas y Zulia encabezan la lista, en donde “por vía twitter la diputada a la Asamblea Nacional Odalis Monzón se refirió a montarle la lupa a aquellos que cacerolearan y disfrutaran de las misiones sociales e institucionales, después no pidan cacao”. Informó que las denuncias serán remitidas a todos los entes competentes en Venezuela, pero al mismo tiempo “acudiremos a todas las instancias internacionales, porque la violación a los derechos humanos no puede quedarnos impune, y recordamos que no preinscriben, así como se remitirán los casos respectivos a la Organización Internacional del Trabajo”.
Daniel Murolo-dmurolo@diariolaregion.net / @dmurolo