El Instituto de Altos Estudios Europeos y la Red Internacional de Universidades para la Paz han presentado un informe que resume los delitos electorales parciales registrados en las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril. Las fallas son tan graves que el documento denomina “viciado de nulidad” el proceso electoral del que Nicolás Maduro resultó electo presidente.
En un estudio del Instituto de Altos Estudios Europeos y la Red Internacional de Universidades para la Paz, se indican todos los delitos electorales parciales registrados durante los últimos comicios en los que Nicolás Maduro fue electo presidente de Venezuela. Un largo listado que, contrario a los principios democráticos, exigiría la nulidad de las votaciones, tal como ha venido solicitando la Mesa de la Unidad.
El informe, denominado Misión de apoyo Internacional a la Observación de las Elecciones en Venezuela, se centra en la inhabilidad constitucional de Nicolás Maduro para postularse como candidato presidencial. Según el análisis, Maduro no cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 227 de la Constitución Nacional, puesto que contraviene al artículo 229. La situación ocurre cuando el Tribunal Superior de Justicia aplicó el principio de “continuidad administrativa” para evitar la posesión de Hugo Chávez y reconocer a Maduro como vicepresidente ejecutivo para el nuevo periodo.
Tras la muerte de Chávez, el vicepresidente ejecutivo está legalmente inhabilitado, por la Constitución, para postularse como candidato presidencial, por lo que todo el proceso está “viciado de nulidad” desde sus inicios.
Las violaciones contra unas elecciones transparentes no se limitan a la inhabilitación de Maduro para ser candidato.
En la Misión de apoyo Internacional a la Observación de las Elecciones en Venezuela se apunta que, además, se “observa una abierta y reiterada violación de normas y procedimientos que conduce a acrecentar las sospechas de una suspensión del Estado de Derecho. Las instituciones del Estado han perdido su neutralidad, vulneran la garantía del ejercicio libre y sano de los derechos y las obligaciones ciudadanas, dejan indefensa a la ciudadanía y sin razón de ser a la democracia”.
Agencias