Un empleado funerario, que tiene más de 20 años de servicio, fue detenido y puesto a la orden de tribunales por haber sido denunciado de cobrar por agilizar trámites en la morgue de Bello Monte.
La hija de una señora que murió en Turgua, El Hatillo, asegura que le hizo un cobro indebido. Fuentes extraoficiales informaron que el empleado nunca recibió dinero. Se limitó a exponerle a la dama que el servicio funerario para el velatorio en la casa costaba 7.000 bolívares, y si la llevaban directo al cementerio, eran 3.500. El contrato no se llevó a efecto porque la familia carece de medios económicos y pidieron una colaboración en su comunidad para costear gastos de cementerio.
Los trámites se retardaban porque la fallecida no estaba cedulada, no figuraba en el Saime porque nunca sacó la cédula de identidad. Tampoco tenía partida de nacimiento y para poder sepultarla tenían que hacerle pruebas odontológicas, antropológicas y necrodactilia, que son requeridas en la Fiscalía, organismo que emite la orden para que la incluyan en el libro de defunciones del Registro Civil, y esa autoridad otorgue el permiso de inhumación.
A pesar de estos requisitos, la difunta igualmente debe ser sepultada como persona no identificada.
Este miércoles convocaron para una rueda de prensa en el Cicpc, a cargo de la viceministro de Investigación Penal, María Wandolay Martínez, quien haría el anuncio oficial del caso antes referido, pero a las 10 de la mañana nos notificaron que el acto había sido pospuesto para este jueves, porque la alta funcionaria estaba en una reunión en Fuerte Tiuna.
AA
