En una novela sin fin se ha convertido el tema de la recolección de desechos en el territorio del cacique, donde este viernes se vivió una paralización parcial del servicio a propósito del descontento reinante entre los trabajadores.
Lo que para muchos parece una “guarimba” no es más que la expresión de las paupérrimas condiciones en las cuales se desenvuelven quienes laboran en el aseo urbano en el municipio Guaicaipuro, donde las enfermedades marcan la pauta.
Según el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Guaicaipuro, José Ramírez, cinco empleados presentan sarna, otros tres hongos en la piel y uno quedó ciego luego de que cargando una bolsa para lanzarla al camión se derramara un líquido no determinado que le hizo perder la visión.
“Estos hombres no cuentan con lentes, guantes ni la ropa adecuada para manejar estos despojos, por lo que día a día se exponen a contraer enfermedades sin que nadie luego se haga responsable de esta situación. A esto hay que sumarle la presión que recae sobre sus hombros porque son los primeros acusados cuando en una comunidad se acumula basura”.
Ramírez señaló que estas deficiencias son el reflejo de una mala administración y falta de gerencia porque según él las arcas municipales están llenas. “En tal sentido, no se justifica que estos hombres deban lidiar con estas condiciones y muchos menos que devenguen un sueldo irrisorio que ni siquiera llega al mínimo”.
-Según la Gaceta Oficial número 6.100 al municipio Guaicaipuro le corresponden mil 385 millones de bolívares para cumplir con el pago del salario mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro el pasado primero de mayo y honrar otras necesidades; la realidad es que estos obreros cobran mensualmente 700 bolívares.
No son cuentos
Ramírez señaló que para no caer en imprecisiones y antes de tomar decisiones que afectaran al colectivo, un grupo de trabajadores se dirigió a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), donde constataron que los recursos habían sido enviados.
-Inclusive, pudimos comprobar que a Guaicaipuro llegaron los recursos el 5 de junio; sin embargo, los compromisos no han sido cancelados. Ante esta irregularidad se solicitó una reunión con el alcalde Alirio Mendoza, quien en principio manifestó desconocer la aprobación de los recursos pero ante las pruebas contundentes presentadas por nosotros lo confirmó pero explicó que ese dinero estaba asignado para otras cosas.
Ante esta respuesta, los empleados convocaron una asamblea para saber el destino del dinero y el miércoles solicitaron un derecho de palabra en la sesión de cámara municipal.
“Se jactan diciendo que cuentan con más de 30 camiones cuando la realidad es que están activos sólo cuatro minimatick y una compactadora, lo que nutre el descontento entre la fila de empleados que no aguantan más esta situación que se ha convertido en una bomba de tiempo”.
Las denuncias hechas públicas por Ramírez le han valido más que señalamientos. “Precisamente este lunes me llegó una notificación del Juzgado Primero del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda para ´no obstaculizar la prestación del servicio de aseo urbano´, cuando lo que estoy buscando es que se mejore una situación precisamente para evitar que estalle una verdadera crisis en la cual los únicos perjudicados serán los vecinos de Guaicaipuro”.gf
Tribunal prohíbe paralizar recolección
El señalamiento de Ramírez con respecto a la acción legal tomada en su contra fue ratificado con un boletín de prensa enviado por la Alcaldía del municipio Guaicaipuro en el cual hacen público que “la paralización del servicio de aseo urbano y de los servicios públicos en el municipio, como medida de presión contra las autoridades municipales es ilegal de acuerdo a lo decretado por el Juzgado Primero del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción del estado Miranda que emitió una medida cautelar innominada con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en el municipio”.
Así lo dijo José Guzmán, director de Recursos Humanos al informar sobre la decisión de la jueza suplente Teresa Herrera, que recae en el expediente 13-9382 y busca evitar omisión, demora y deficiencia en la prestación de los servicios públicos.
Guzmán recalcó que la paralización del servicio o cualquier acción dirigida a impedir el cumplimiento de la medida será considerada como un desacato y sus autores podrían ir presos.
“El juzgado ordenó al Suptramen no obstaculizar en modo alguno, bien sea directa o indirectamente la prestación del servicio de aseo urbano que involucra recolección, barrido, transporte hacia el sitio de disposición final, descarga y tratamiento, manejo del relleno sanitario y acceso a ese servicio en todo el municipio”.
Ante la insistencia de la directiva del Suptramem sobre el supuesto envío al municipio de los recursos para el pago del ajuste salarial, Guzmán subrayó que es falso que hayan llegado los recursos para cumplir con el compromiso, “lo que ingresó a las arcas municipales, de acuerdo a la Gaceta Oficial número 6.100, es el dinero para cubrir los gastos del Situado Constitucional; en cuanto llegue esa plata se cancelará a los trabajadores con retroactivo”.gf
Johana Rodríguez – jrodriguez@diariolaregion.net/@michellejrl