La investigación judicial contra Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, se basa en supuestos pagos de aproximadamente 2,1 millones de dólares realizados de 1998 a 2002 por una reaseguradora
SAN JOSÉ. La Fiscalía General de Costa Rica ha acusado de supuesto delito de peculado al expresidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez Echeverría ante un juzgado penal y ha solicitado abrir juicio en su contra. Rodríguez habría cobrado comisiones en un millonario negocio con firmas reaseguradoras transnacionales establecidas en México y Reino Unido durante su mandato, según la Fiscalía.
La acusación contra Rodríguez, que gobernó de 1998 a 2002, fue presentada el pasado 30 de julio ante el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, pero no había trascendido públicamente. El diario español El País ha accedido a una copia completa del documento de la Fiscalía, en la que también se solicita acusar a otros dos exfuncionarios de alto rango del estatal del Instituto Nacional de Seguros INS).
Rodríguez, de 69 años, ha asegurado a través de un correo electrónico que envió a EL PAÍS, se trata de una “burda persecución” y que “esto se debe dilucidar en los Tribunales, no en ningún otro ámbito. «Ahí demostraremos que este es un caso sin ningún fundamento”. “Cabe, sin embargo, señalar que estos hechos se empezaron a investigar en 2001. Hace 12 años. En 2005, hace ocho años, el propio Ministerio Público solicita y obtiene que se desestime la causa”, ha añadido.
El 25 de septiembre de 2012 la Fiscalía, en audiencia ante un juez, “indicó que no se determinaba participación alguna de Miguel Ángel Rodríguez en estos hechos relacionados con viajes y programas de capacitación del INS y anunció que pediría sobreseimiento en ese caso”, ha recordado el expresidente.
“Los hechos son los mismos, pero menos de un año después, la Fiscalía cambia de criterio. No hay ninguna base jurídica para esta acusación y así se dejará en claro ante los jueces de la República. El Ministerio Público se contradice a sí mismo y presenta una acusación sin base jurídica ni probatoria. Ante semejante proceder, solo queda una explicación: esto es una simple y burda persecución”, ha concluido.
La investigación judicial se basa en supuestos pagos de aproximadamente 2,1 millones de dólares realizados de 1998 a 2002 por una reaseguradora. Los hechos descritos por la Fiscalía también involucran a aseguradoras y reaseguradoras internacionales instaladas en España, Estados Unidos y Alemania, pero no se les culpa de ningún cargo.
Cuando el caso estalló en 2006, Rodríguez declaró al periódico La Nación por medio de su abogado Rafael Gairaud que desconocía el origen del dinero y que durante su gobierno se desligó del manejo de las cuentas bancarias y sus empresas.
Agencias