BOGOTÁ. En previsión de desórdenes, una localidad del sur colombiano implantó un toque de queda hasta nuevo aviso en medio de bloqueos viales por parte de pequeños productos agropecuarios, que se han convertido en el más reciente dolor de cabeza del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El toque de queda, de 7 de la noche a 5 de la madrugada, junto con la prohibición de venta y consumo de alcohol, fue acordado la víspera por las autoridades municipales de la localidad de Florencia, en el departamento de Caquetá y a unos 380 kilómetros al suroeste de la capital colombiana.
“Son medidas de prevención… para garantizar la seguridad de los 200.000 habitantes” de Florencia, dijo el martes en diálogo telefónico con The Associated Press José Eduardo Manjarrés, secretario de gobierno de esa localidad, donde permanecen al menos 6.000 campesinos apostados en tres distintas vías de ingreso a la población desde el 26 de agosto.
Los manifestantes, que han taponado con piedras, palos y alambres las vías, son pequeños productores de leche y carne de Caquetá que mantienen los mismos reclamos que otros cultivadores en otros puntos del país desde el 19 de agosto y con los que el gobierno ha negociado por grupos para lograr el levantamiento de algunos bloqueos, los más intensos en el centro del país y que cesaron el viernes.
Los campesinos piden desde la entrega de subsidios para compensar las pérdidas provocadas por los altos costos de producción y los bajos precios de venta, hasta una mesa de diálogo nacional para discutir políticas agrarias, así como restricciones a la importación de productos agrícolas que van desde derivados de leche a papas procesadas. AP
Mineros levantan protesta
Los pequeños mineros que manifestaban desde hace mes y medio en Colombia en busca de su formalización firmaron un preacuerdo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para levantar su protesta a partir de este martes.
«Ya se firmó un preacuerdo con el gobierno y en la mañana iniciamos una reunión para oficializar la suspensión del paro, en tanto continuamos con las negociaciones de ese preacuerdo», dijo Rubén Darío Gómez, vocero de los mineros.
Entre los acuerdos destaca el tratamiento que se dará a la maquinaria incautada a mineros informales para que ésta sea destruida por las autoridades, «solo después de verificar si estaba incursa en actividades delictivas», explicó Gómez.