El candidato a concejal por el municipio Guaicaipuro, Arnold Ávila, solicita al Ministerio de Interior y Justicia que se abra una averiguación contra la Policía Municipal por los múltiples hechos delictivos e irregularidades que se han registrado en esta institución durante la gestión de Alirio Mendoza y el coordinador de Seguridad Ciudadana, Gleen Rivas.
“Pena debería darle al coordinador de seguridad reconocer todas las irregularidades que se presentan en la policía municipal que él, junto al comisario Héctor Garabito dirigen”, aseguró Arnold Ávila, candidato a concejal.
La afirmación del dirigente político se producen luego de detallar las declaraciones que Rivas dio recientemente en un programa de opinión que transmite un canal de televisión local en los Altos Mirandinos.
El dirigente político afirmó “cómo es posible que este señor (Gleen Rivas), diga que fueron dados de baja 40 funcionarios policiales en esta última gestión por cometer faltas y delitos, cuando más bien todo el peso de la ley debería recaer sobre ellos. Por qué alcahuetear a funcionarios que han introducido hasta droga dentro de las celdas donde se encuentran personas imputadas por Poliguaicaipuro”.
A juicio Arnold Ávila, el ex diputado Gleen Rivas -que por cierto fue inhabilitado políticamente por tres años por la Contraloría General de la República por estar involucrado en actos irregulares en el Consejo Legislativo del estado Miranda- “asume una vocería inmoral queriendo defender la seguridad social de los funcionarios, cuando él junto al alcalde Alirio Mendoza y el ex alcalde Raúl Salmerón son responsables de la deuda de pasivos laborales que poseen con los policías, la cual supera los 3 millones de bolívares”.
Para cerrar, Ávila sostuvo que la mala gestión de Alirio Mendoza en materia de seguridad basta corroborarla en su período como burgomaestre, han pasado cinco directores de policía y para nadie es un secreto las diferencias entre la directiva actual y el exdirector Gallo Rincón que mantiene dividido al personal de esta institución.
A esto se suma la mala distribución de los recursos que origina la falta de personal, pues la nómina es de 180 efectivos entre operativos y administrativos y eso no logra satisfacer las necesidades de seguridad en el municipio.