La oposición a Maduro ha adelantado su rechazo a la petición al afirmar que ya existen normas para combatir la corrupción y sólo hace falta aplicarlas
La titular de la Contraloría General de Venezuela, Adelina González, expresó su apoyo a la anunciada petición del presidente del país, Nicolás Maduro, para contar con poderes legislativos especiales en su lucha contra la corrupción.
«Si alguien está legitimado para solicitar una ley habilitante que luche contra la corrupción es el presidente, por la sencilla razón de que él es el primer contralor (…), como administrador de la hacienda pública nacional tiene toda la legitimidad» para ello y «hay que apoyarlo», declaró González a la emisora privada Televen.
Maduro ha anunciado que pedirá a la Asamblea Nacional (AN, unicameral) la ley habilitante, instrumento que faculta al gobernante a legislar sin control parlamentario, con el fin de aprobar medidas que faciliten la lucha contra la corrupción.
Para ello necesita tres quintos de los diputados, 99 votos, pero el chavismo tiene 98 escaños por lo que necesitaría el apoyo de alguien de la bancada opositora, lo que Maduro y diputados oficialistas dan por descontado que sucederá.
La oposición a Maduro ha adelantado su rechazo a la petición al afirmar que ya existen normas para combatir la corrupción y sólo hace falta aplicarlas, al tiempo que ha expresado su temor a que esa facultad pueda ser utilizada por el presidente con fines políticos.
El líder opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles ha afirmado que la única forma de que Maduro consiga esos poderes especiales será «vía corrupción» para que «alguien vaya a saltar la talanquera», como se califica en Venezuela el cambio de bando.
La titular de la Contraloría General reveló que desde el año 2000 y hasta la fecha 3.019 funcionarios fueron señalados con «responsabilidad administrativa» por diferentes actos de corrupción, de los cuales 1.296 fueron sancionados con medidas de destitución, inhabilitación y suspensión.
«Dirán que esta cifra es pequeña, pero es que hasta el año 2002 los órganos de control interno no podían declarar responsabilidad administrativa a nadie, sino solo a las máximas autoridades y eso cambió» con leyes que ahora requieren ser unificadas, labor que se estima cumplirá Maduro si su petición es apoyada por la AN.
«No podemos dejar de reconocer que hay debilidades en nuestro sistema» por lo que «debemos armonizar las estructuras del Estado» para, adicionalmente, añadió González, atender los requerimientos de la ciudadanía que se ha sumado al combate a la corrupción.
«El ciudadano está incorporado y se atreve a ir a un órgano de control a denunciar. Antes nadie se atrevía, ahora tenemos personas preparadas para luchar contra la corrupción» incluso al interior de las organizaciones sociales y políticas de base, destacó.
Agencias
