Tanto la Ley Orgánica de Procesos Electorales como la de Contra la Corrupción prohíbe el uso de recursos y bienes del Estado para financiar campañas electorales de alguna parcialidad política; sin embargo, para el politologo Sergio Graffe, es público, notorio y comunicacional que los candidatos del PSUV para alcaldías y concejalías están violando esas leyes al disponer de los dineros de todos los venezolanos para hacer proselitismo político a su favor, sin que el CNE controle esa irregularidad de ventajismo electoral.
“No es necesario hacer la denuncia formal ante el organismo rector porque los fiscales electorales designados para que vigilen la campaña puedan actuar de oficio al observar la violación de la normativa, y para eso sólo tienen que hacerle seguimiento a la campaña de los candidatos del PSUV para que constaten que están siendo acompañados por funcionarios públicos en todos sus actos; al punto que en Miranda, los 21 candidatos del PSUV fueron designados como Coordinadores Generales de las misiones del gobierno nacional y las están usando para beneficio propio ante la pasividad institucional del CNE”, dijo.
Agregó que una prueba de esto es que el martes pasado se presentó Elías Jaua, como Presidente de Corpomiranda, en compañía del candidato del PSUV a la alcaldía de Guaicaipuro, a las parroquias Altagracia de la Montaña, Tácata y Paracotos para hacer entrega de créditos del gobierno por más de 2 mil millones de bolívares; después de que los dos alcaldes oficialistas Raúl Salmerón y Alirio Mendoza las abandonaron por trece años en temas como la recolección de la basura, vialidad e inseguridad.
“El CNE tiene la obligación legal de poner control a estos abusos de poder; pero como actúa como un ministerio más del gobierno, siempre queda la alternativa de la conciencia ciudadana para usar la fuerza el “voto castigo” contra el ventajismo de los candidatos del Psuv y elegir a los de La Unidad”, dijo.
Daniel Murolo – dmurolo@diariolaregion.net / @dmurolo