Desde hace más de 18 años al menos unas 146 familias siguen a la espera de sus viviendas ubicadas en la Asociación Civil Felizmar (ACF), perteneciente a la comunidad tequeña Lagunetica, han tenido que enfrentar diversos obstáculos como estafas, aumento en el precio de las casas, conflictos vecinales y promesas incumplidas de los entes y empresas que han tenido en sus manos dicho proyecto.
El retardo en la ejecución, así como en la entrega de las viviendas, ha mantenido afectado a un grupo numeroso de docentes y administrativos pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Educación que son quienes conforman la ACF.
Desde el comienzo del proyecto los asociados han recibido apoyo con créditos hipotecarios por parte del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), el cual ha suspendido el cobro de las cuotas desde hace dos años según los beneficiarios, debido al retraso y al poco avance que han tenido las estructuras pese a las promesas que han hecho las constructoras de culminar pronto el urbanismo.
Vialidad resquebrajada
Hace más de dos años las aguas servidas de las casas ubicadas en la parte de arriba y que pertenecen a otro urbanismos, afectaron gravemente la vialidad principal que comunica a las tres urbanizaciones del sector: Piedra Azul, Asocsuveas y ACF, produciendo el hundimiento de la carretera y posteriormente un talud que perjudicó al menos cuatro viviendas que se encuentran cerca de la entrada y que pertenecen a la ACF.
La estabilización del talud y la colocación de las vigas en la carretera durante el año 2011-2012 que estuvo a cargo de una empresa contratada por la Vicepresidencia de la República, terminó de dañar las cuatro viviendas que sostuvieron durante largo tiempo el derrumbe, reventando ventanas y paredes con su peso.
Pese a los ruegos que hacían los dueños de las casas que se erigen en la entrada del sector, ningún ente acudió a los llamados, por lo que a comienzos del presente año las viviendas terminaron de colapsar.
“Los vecinos que nos están afectando no han resuelto el problema de sus torrenteras rotas y todas esas cloacas nos siguen afectando”, dijo José Hernández, presidente electo de la ACF.
Por su parte, la empresa Modvi, constructora encargada del proyecto desde 2012, rellenó la vialidad que quedó a medias. “Ellos rellenaron la calle por donde pasa la novia y eso hizo que las casas terminaran de colapsar”.
La carretera que da acceso a las tres urbanizaciones está rajada completamente amenazando constantemente con dejar incomunicados a todos los habitantes de la localidad. Igualmente, no cuenta con señales de tránsito, iluminación, defensa vehicular ni aceras para que circulen los peatones.
Conflictos vecinales
Asimismo, las familias que habitan las casas que quedaron parcialmente bajo el talud y completamente derruidas aseguran que el consejo comunal India Rosa y los vecinos de Asocsuveas los tildan de invasores, por lo que no les permiten utilizar el tanque de agua de la comunidad para abastecerse de agua.
“Hemos recibido constantes amenazas verbales por parte de los voceros del consejo comunal India Rosa, tanto que no nos dejan usar el tanque de agua que también nos pertenece porque somos miembros de la ACF. Tampoco nos dejan traer camiones cisternas porque y que la calle se va a caer, pero ellos sí los traen para las otras construcciones mientras nos tiene olvidados a nosotros”, manifestó Violeta Sánchez.
Los asociados de la ACF también piden a los demás vecinos que reconozcan a José Hernández como presidente de la asociación ya que pese a que el fue electo mediante una asamblea de vecinos muchos no lo reconocen y lo llaman “ilegítimo”.
“La presidenta anterior, Maibith León, está usurpando el puesto de Hernández ya que asume una presidencia que no le corresponde y hasta delega acciones que no están permitidas. Ella demandó a Hernández para anular la decisión de la asamblea, la cual ni siquiera procesó”, expresaron los vecinos de la ACF.
Sin embargo, Hernández aseveró que un grupo de asociados pertenecientes a Felizmar sí están recibiendo los servicios básicos porque le pagan a Asocuveas. “Ellos dicen que como colindan entre las dos asociaciones se les permite hacer eso”, afirmó Hernández.
Solicitud de ayuda
Más de 146 familias siguen clamando para que las autoridades encargadas del proyecto les brinden el apoyo necesario para resolver el problema que los aqueja desde hace años.
“Pedimos apoyo a Hidrocapital, Corpoelec, la Alcaldía de Guaicaipuro y a la Vicepresidencia para que nos presten sus servicios porque ya tenemos años en esto, tanto que muchos asociados han fallecido durante la espera”, dijo Hernández.
Los habitantes de la ACF acudieron a un juez de paz que les recomendó la conformación de un consejo comunal para evitar conflictos y resolver más rápido la problemática.
Ronald Gil- rgil@diariolaregion.net / @thedaniels21