Los analistas Eduardo Guzmán Pérez y Francine Jácome creen se perdió la subordinación militar al poder civil. El contralmirante Luis Cabrera Aguirre sostiene que la organización armada forma gerentes que cooperan con el desarrollo nacional
La política iniciada en 1999 por el comandante Hugo Chávez de colocar militares en funciones de gobierno ha sido fortalecida por el presidente Nicolás Maduro durante este año. El sociólogo Eduardo Guzmán Pérez señaló que de los 183 años de la historia republicana del país los uniformados han gobernado 140 años.
Las investigaciones de Guzmán Pérez, especialista en historia de la Fuerza Armada y estudios de Estado Mayor, lo llevan a contar que en los últimos 15 años cerca de 1.614 militares de distintos rangos, entre activos y retirados, han desempeñado y ejercen cargos en la administración pública. Aseguró que 1.246 fueron designados por Chávez y 368 por Maduro. Refirió que los uniformados están en gobernaciones, alcaldías, en los ministerios, en los viceministerios, en la Asamblea Nacional, en consulados y en embajadas.
“Maduro es un instrumento del brazo armado del Estado, fundamentalmente del Ejército. Este mecanismo viene desde cuando Gómez tenía la prevalencia de la fuerza y a Chávez le tocó esa herencia perversa. Aquí se maneja la tesis del gendarme necesario, según la cual un militar es quien debe gobernar el país. Este compromiso del sector militar en la conducción del Estado lo hace partícipe de la corrupción; el gobierno está militarizado y esta es la única forma de que se mantenga la revolución”, sostuvo.
El analista recordó que el sustento de Chávez fue la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, especialmente el Ejército, de donde él era originario, pero consideró que “una pequeña cúpula militar” respalda a Maduro.
Guzmán Pérez subrayó que con el exceso de militares en cargos públicos se evidencia que en el país no se cumple la subordinación de la FANB al poder civil, lo que significaría aplicar controles sobre la institución.
Antipolítica
La presidente del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, Francine Jácome, señaló que contrario a la tendencia de los países de la región, que tienen cada vez menos militares en cargos públicos, el gobierno ha tenido un retroceso al acrecentar el número de uniformados en puestos clave, lo cual les concede mayor autonomía.
“No se han producido pasos importantes para que los civiles ejerzan un mayor control sobre los sectores de seguridad y defensa, y cada vez es menor la posibilidad de que los militares acepten un control civil. En los primeros ocho meses del gobierno de Maduro se ha evidenciado una profundización del papel de la FANB en la gobernabilidad del país. Se está ante un líder civil que depende de la Fuerza Armada como uno de los pilares fundamentales para mantenerse en el poder”, aseveró.
Jácome enfatizó que hay tres indicadores importantes que evidencian el debilitamiento del control democrático y civil sobre la organización castrense: la participación creciente de militares en las estructuras gubernamentales no solamente del gobierno nacional, sino también de los estatales y municipales; mayor partidización de los mandos y la continuidad en la militarización de la sociedad.
Advirtió que se desarrolla “la antipolítica militar”. Jácome indicó que desde diciembre de 2012 el gobierno asumió decisiones que evidencian la influencia de la FANB sobre la estructura del Estado. Destacan la creación del Comando Político Militar, con participación del Alto Mando, la presencia de militares en el gabinete de Maduro, la conformación de un Estado Mayor Cívico Militar Fronterizo y de las regiones estratégicas de desarrollo integral, algunas de las cuales son dirigidas por oficiales en situación de retiro; además de la instalación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, dirigido por un militar con el grado de mayor general.
Otro aspecto llamativo es la transferencia a la administración pública de la estructura castrense del Estado Mayor. Esta figura servirá como instancia de análisis y asesoría para la toma de decisiones y las políticas ministeriales.
Gerentes
El contralmirante retirado Luis Cabrera Aguirre, miembro del Estado Mayor Presidencial, explicó que la presencia de militares en cargos públicos obedece a uno de los objetivos reservados a la FANB en el artículo 328 de la Constitución: la participación activa en el desarrollo nacional.
“El empleo de los militares en cargos públicos se evaluará según los resultados que puedan obtener, los oficiales de alta gradación han hecho muchos cursos y los estudios de Estado Mayor los capacitan para ser gerentes. Todo el mundo cree serlo, pero un gerente es quien es capaz de ser eficiente en el cargo con el menor trauma posible. Muchos de los problemas de la administración pública son porque no hay gerentes”, indicó.
Cabrera Aguirre reconoció que hay algunas desventajas como el hecho de que el militar está acostumbrado a dar órdenes y a que se le obedezca. Señaló que en algunos casos los uniformados terminan contagiándose de la dinámica de los civiles en los entes del Estado. Lamentó que algunos militares hayan incurrido en hechos de corrupción, pero resaltó que el uniforme no implica vicios en los cuales también pueden caer otros profesionales y que en la FANB se aprende a cuidar más el expediente de la carrera.
“Me parece muy válido que los militares hagan valorar los objetivos de la Constitución para la consecución del bienestar del país. Se utilizan los recursos del Estado para lograr los objetivos planteados”, aseveró.
El contralmirante enfatizó que la FANB no ha abandonado sus funciones para preservar la seguridad y defensa del país.