Consideramos que es necesario no ceder a la tentación de plantear un número indeterminado de condiciones que lleven a convertir la exigencia en una interminable lista de compras de acuerdo a los intereses sectoriales
Nerio Enrique Romero
He escrito por este medio contra la irracionalidad de mantener los actuales precios de la gasolina en Venezuela. Precios que no son realmente estables, sino decrecientes dado el entorno inflacionario en que subsisten. Precios de dispendio, tan absurdamente bajos, que nos han llevado a opinar que no deben mantenerse ni siquiera tomando en cuenta las muy razonables objeciones de mucha gente sobre la corrupción gubernamental, el regalo a otros países con fines políticos personalistas y la total opacidad de la administración del Ejecutivo Nacional y Pdvsa. Las distorsiones que el precio de la gasolina ocasiona (incluyendo el contrabando y la corrupción en cuerpos de seguridad) son tan grandes que ninguna de esas objeciones justificaría en mi opinión oponerse al aumento. Pero tampoco es responsable aceptar el aumento de la gasolina sin exponer con toda fuerza dichas objeciones y exigir condiciones a quienes administrarán una masa enorme de dinero que dicho aumento proporcionaría. Este momento, en que la fuerza de la realidad económica hace bajar al actual gobierno de su burbuja ideológica para proponer el aumento del precio de los combustibles, es propicio para que los ciudadanos y sus diversas expresiones organizadas (partidos, sindicatos, gremios empresariales y profesionales, universidades, academias, estudiantes, iglesias, juntas vecinales, consejos comunales, etc.), se planten frente a los actuales gobernantes a exigir esas condiciones. En este artículo nos permitimos proponer 3 condiciones básicas.
1) La designación inmediata de un nuevo Contralor General de la República, mediante el consenso en la Asamblea Nacional. Solo el consenso, a través de la unanimidad o la mayoría calificada de los diputados, podría investir a este nuevo funcionario de la confianza e imparcialidad necesarias. Por algo la Constitución Nacional lo exige así en su artículo 279.
2) El cese de las condiciones especiales en la venta de hidrocarburos a los beneficiarios de Petrocaribe y a la República de Cuba. Específicamente, que el plazo de cancelación de la mitad financiada de su factura sea reducido a un año y que el interés a devengar por Venezuela en ese lapso (en divisas de aceptación internacional) no sea nunca menor al 5%.
3) Que se determine en forma transparente frente a la ciudadanía el destino que el Ejecutivo Nacional y Pdvsa darán al dinero recaudado mediante el aumento del precio de los combustibles, destinándolo preferiblemente a gastos de inversión en obras públicas de interés general (como las dirigidas a mejorar los sistemas de transporte público y las vías de comunicación) que generen puestos de trabajo de calidad.
No es ocioso especificar que hemos expuesto estas condiciones en el estricto orden de importancia que les atribuimos. Por otro lado, consideramos que es necesario no ceder a la tentación de plantear un número indeterminado de condiciones que lleven a convertir la exigencia en una interminable lista de compras de acuerdo a los intereses sectoriales. Ello solo diluiría el planteamiento y le quitaría fuerza.
Finalmente, si bien consideramos que a la Mesa de la Unidad Democrática, como expresión mayoritaria de la ciudadanía opositora, le toca asumir una posición de liderazgo en esta exigencia democrática, creemos que debería invertir sus energías en promover la movilización de las diversas expresiones de la sociedad organizada, independientemente de la posición ideológica o partidista que estas tengan. Porque a fin de cuentas, ¿será muy difícil imaginar a algunos sectores que han sido afines al actual gobierno haciendo causa común con una exigencia de este tipo? Creemos que no, hay que atreverse. Las condiciones en que se produzca el inevitable aumento del precio de los combustibles constituirán un indicador de la vitalidad de la ciudadanía en Venezuela.
Médico y profesor universitario
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