Ortega Díaz comisionó al director general de Actuación Procesal, la directora de Derechos Fundamentales y la fiscal superior del área metropolitana de Caracas; Joel Espinoza, María Mercedes Berthé y Marisela Lucena, respectivamente, para revisar las denuncias
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se reunió ayer jueves 06 de marzo con Marino Alvarado y Esperanza Hermida, directivos del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), con el fin de conversar sobre denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país durante las protestas violentas de las últimas semanas.
Durante el encuentro, la Fiscal General escuchó los planteamientos realizados por los integrantes de Provea y expresó que el Ministerio Público maneja 25 denuncias en esta materia. En virtud de que los representantes de esta organización no gubernamental manifestaron que conocen de un mayor número de denuncias, se acordó revisar dichos casos, toda vez que sean consignados formalmente los recaudos ante el Ministerio Público.
En este sentido, Ortega Díaz comisionó al director general de Actuación Procesal, la directora de Derechos Fundamentales y la fiscal superior del área metropolitana de Caracas; Joel Espinoza, María Mercedes Berthé y Marisela Lucena, respectivamente, para revisar dichos casos.
Con relación a las manifestaciones violentas registradas en varios estados del país, la Fiscal General aclaró a los representantes de Provea que una cosa es protestar y otra es generar hechos violentos en los que se causa daños a las personas y a la propiedad pública y privada.
En este sentido, el directivo de Provea manifestó su acuerdo en sancionar a quienes incurran en estos hechos.
Respecto al tema de la masacre de El Amparo, ocurrida el 29 de octubre de 1988, en la que murieron 14 pescadores, Ortega Díaz expresó que desde el año 2010 ordenó reabrir el caso que fue cerrado por los tribunales militares antes de 1999. Finalmente, Ortega Díaz agradeció la disposición de Provea de coadyuvar con el Ministerio Público en la defensa de los derechos humanos.
Agencias