La muerte para ellos es una circunstancia banal. Al no respetar el derecho a la vida, desdibujan bajo su impertérrito odio los valores de tolerancia, libertad, solidaridad y respeto que siempre caracterizó a los venezolanos
José Gregorio González Márquez
caminosaltair@hotmail.com
La derecha venezolana jamás asume las consecuencias de sus actos. Durante años ha pretendido desconocer la constitucionalidad para acercarse al poder y usurpar el gobierno. De la escuela norteamericana copia los denominados “daños colaterales” eufemismo con el que se conoce el asesinato de personas inocentes cuyo delito es enfrentar los embates de su violencia. Denuncian supuestas violaciones de los derechos humanos, torturas y detenciones ilegales; sin embargo, esconden bajo la careta de manifestaciones pacíficas todo el odio acumulado en catorce años de gobierno chavista y que descargan en contra del pueblo.
Con apoyo que les brinda la mediática nacional e internacional, articulan matrices de opinión para engañar al mundo y desdecir de las acciones de estado que sólo buscan llevar felicidad al colectivo venezolano. La realidad es otra. Ciudades como Mérida y San Cristóbal – centro de sus acciones hostiles – tienen amplios sectores secuestrados. Limitan la posibilidad de sus habitantes de salir de sus casas, cobran peaje para dejarlos circular; tienen secuestradas escuelas vulnerando el derecho a la educación de niños y jóvenes; amenazan de muerte a quienes osen desafiarlos; no permiten el paso de los cuerpos de emergencia para atender pacientes que necesitan de sus servicios, accesos a hospitales están limitados a sus antojos; además, armados asesinan a quienes intentan deshacer las barricadas que violan la Constitución Nacional al no permitir el libre tránsito.
La muerte para ellos es una circunstancia banal. Al no respetar el derecho a la vida, desdibujan bajo su impertérrito odio los valores de tolerancia, libertad, solidaridad y respeto que siempre caracterizó a los venezolanos. El terrorismo debe ser combatido por el gobierno; el Estado está obligado a garantizarnos la seguridad y el beneficio de diligentes servicios públicos. Los llamados a la paz tienen que ser sustentados por el combate a la impunidad. La muerte de los ciudadanos no puede quedar sin castigo. Basta de banalizar la muerte, hay que abrirle espacios a la tolerancia.