Por homicidio en grado de frustración investigan detenidos

30-18-H
Entre los civiles apresados se encuentran numerosos trabajadores de la Alcaldía de Carrizal, por lo que algunos representantes de la MUD temen que se trate de una persecución con fines políticos

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanó diversos apartamentos de civiles habitantes de la urbanización Montaña Alta, del municipio Carrizal, específicamente de los edificios 2, 3, 4 y 5 luego de una orden emanada por la Fiscalía Pública, debido al funcionario del cuerpo detectivesco que resultó herido el pasado 27 de marzo en las inmediaciones del urbanismo.

Al menos 16 personas, entre las que están unos imputados por presunto homicidio en grado de frustración y otros en calidad de testigo, fue el resultado que dejaron los allanamientos que comenzaron aproximadamente a las 4:00 a.m., cuando los funcionarios en compañía de fiscales del Ministerio Público ingresaron a las viviendas.

“Funcionarios del Cicpc y del Ministerio Público allanaron varios apartamentos en Montaña Alta y aparentemente algunas viviendas de Colinas de Carrizal. Nos preocupan los derechos humanos de los detenidos. No queremos entorpecer el proceso judicial, por eso hacemos un llamado a éstas personas que están siendo allanadas que sea con el debido proceso y procedimiento judicial que está contemplado en la constitución”, expresó en rueda de prensa la diputada al Consejo Legislativo y primera dama de Carrizal, Clara Mirabal.

Asimismo, Mirabal indicó que se presume que dichos allanamientos fueron previa señalización, debido a que muchos de los detenidos pertenecen desde hace años a la Alcaldía de Carrizal.

¿Persecución política?

Desde hace varios meses algunos candidatos que participaron en las elecciones municipales pasadas han venido señalando a través de fotografías y grabaciones a personas que han estado comunicándose con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los cuales además son funcionarios de la Alcaldía de Carrizal y que, sumado a ello, también son líderes comunitarios y miembros de consejos comunales.

“Algunos de los detenidos tienen años de carrera administrativa en la Alcaldía, por eso vemos con preocupación que esto vaya a ser parte de un ataque de persecución política de manera generalizada en el país. No queremos alertar a la población, pero sí queremos solidarizarnos con algunas detenciones que vayan con temas políticos. Tenemos información que hay concejales y suplentes no sólo de Carrizal a quienes se les está vinculando con hechos violentos y que residen en la zona”, dijo Mirabal.

Cabe destacar que desde hace varias semanas, a partir del 5 de marzo, se han presentado tres situaciones que han sido relativamente controladas, donde el municipio ha utilizado todos los recursos para tratar de impedir el cierre de las vías, cumpliendo así con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Detenidos

Durante el proceso de allanamiento los funcionarios del Cicpc incautaron un radio perteneciente a la red vecinal con el que los vecinos se comunicaban con emergencias Carrizal y Policarrizal, para así informar cualquier situación irregular que se presentase en la localidad. Igualmente sucedió con el uniforme de un funcionario de Polisalias que reside en la zona, el cual había sido recientemente reclutado por lo que aún no poseía carnet.

Entre los detenidos se encuentran Yusmira Castillo, Julio Jordán, Carolina Roa, Daniela Jordán, Gustavo Roa, Marlene García, David Arrechedera, David Jesús Arrechedera, Brayan Arrechedera, Marcos Ramírez (padre), Marcos Ramírez (hijo), Naymar Ramírez Zambrano, Ana Gabriela Ramírez Zambrado, María Antonia Cacique Silva, Astolfo Izquiel, Yenni Piñango e hijo y Juan José Pérez Hernández.

“Allanaron también la conserjería del edificio 5, en donde le preguntaron a la trabajadora social si allí vivía un tal Kike. A lo que ella respondió que no, También le preguntaron si era guarimbera o había participado en alguna manifestación. Luego le pidieron una taza de café y se fueron”, declaró Héctor Medina, responsable de Derechos Humanos del Movimiento Cívico Estudiantil Francisco de Miranda.

Ciertos citados en calidad de testigo afirmaron que entre las preguntas realizadas por el Cicpc entraban que si habían participado en guarimbas y que si el alcalde, José Luis Rodríguez, los mandaba a trancar las calles.

Momento de ira

“Un psicoterror” es como manifiestan los vecinos de Montaña Alta que se sintieron desde horas de la madrugada cuando los funcionarios del Cicpc rodearon los edificios verdes.

“Lo grave de todo esto es el psicoterror que hicieron y los allanamientos. Sin contar el escarnio público al que expusieron a los detenidos y testigos”, declaró la abogado Alicia Guillén.

Asimismo, Astrid Izquiel, hermana de Astolfo Izquiel (24) quien fue uno de los detenidos, manifestó entre lágrimas y rabia el penoso momento en que los funcionarios del cuerpo detectivesco ingresaron a su apartamento.

“Ellos dijeron que habían encontrado un arma, pero sólo era un arma tipo flower porque el era de la aviación, pero le dieron de baja. Hoy lo presentan a la Fiscalía. Al apartamento entraron dos funcionarias, tres funcionarios y dos testigos. Uno de los funcionarios estaba muy agresivo. En ese momento sentimos mucha ira”, dijo Izquiel.

“El es muy tranquilo, los vecinos lo saben, pero aquí no hay justicia y las leyes no se cumplen”.

Ronald Gil- rgil@diariolaregion.net / @thedaniels21

Salir de la versión móvil