La secretaria general de Gobierno del estado Miranda, Adriana D´Elia, aseguró que la distribución de los recursos adicionales correspondientes al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), son una muestra más de la forma discrecional en la que el Gobierno central maneja los mismos.
«Solo se asignan recursos a ministerios, entes oficiales y gobernaciones en manos del Psuv. Eso quiere decir que las entidades en manos de representantes de la Alternativa Democrática no gozan de estas asignaciones que son de todos los venezolanos. Este tipo de acciones dejan ver que el Gobierno politiza hasta la calidad de vida del pueblo».
D´Elia destacó que según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas de 2013, dicho Fondo asignó 1,1 millardos de dólares a las gobernaciones de los estados Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Falcón, Guárico, Táchira y Zulia además de al Gobierno del Distrito Capital y a Corpomiranda, el organismo creado por el Gobierno, al margen de la Constitución, para ejecutar obras en la entidad y que preside Canciller de la República. De ese total 639 millones de dólares han sido para las gobernaciones y 466 millones de dólares para Corpomiranda.
«Son muchas las muestras de que el Gobierno intenta asfixiar financieramente a quien no comparte su ideología política, sin importar si se lleva por delante al pueblo. Este jueves, representantes de las comunidades de todas las regiones de Miranda, exigieron ante la Vicepresidencia de la República, que los recursos correspondientes al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para la ejecución de más de 200 proyectos en la entidad, sean transferidos al Gobierno de Miranda como corresponde constitucionalmente y no a las alcaldías como pretende el Ejecutivo central. Simplemente, el pueblo tiene temor que las obras no se lleven a cabo y que en definitiva resulten afectados con esta decisión arbitraria».
Dijo que el manejo discrecional de los recursos por parte del Gobierno se ha metido hasta con la quincena de los trabajadores del Ejecutivo regional. «Este jueves nuestros trabajadores cobraron su quincena, hecho que tuvo en riesgo porque el Gobierno transfirió los recursos correspondientes a la segunda quincena de marzo del Situado Constitucional el 8 de abril, cuando debió haber sido legalmente en los 5 primeros días de marzo. Hasta con los cancilleres de Unasur tuvo que hablar nuestro Gobernador para que se hiciera el depósito. Tomando palabras de nuestro Gobernador, este tipo de hecho solo se puede considerar como criminal, porque se está sometiendo a nuestros trabajadores y sus familias a una situación de incertidumbre solo por capricho politiquero».