Durante más de cuatro horas el paso por la avenida Bicentenario de Los Teques se vio obstruido por unas quince mujeres que se identificaron como familiares de los detenidos que se encuentran en los calabozos de la Policía de Miranda, mientras que los mismos iniciaron una huelga de hambre desde las seis de la mañana.
Armadas con pancartas y mucha paciencia, las manifestantes aseguraron que continuarán tomando acciones hasta que sus hijos, esposos y hermanos sean trasladados a un penal, donde puedan gozar de los beneficios como visitas de familiares.
“Fuimos al Ministerio para el Servicio Penitenciario y nos prometieron una solución, pero ha pasado el tiempo y nada. Sabemos que la señora ministra Iris Varela puede hacer algo por ellos“ aseguró una de las entrevistadas que se negó a identificarse.
43 procesados penales iniciaron la huelga de hambre en las instalaciones de la Comandancia General, según explicó el sub director del cuerpo policial, comisionado agregado Francisco Escalona, quien aseguró que la capacidad de los calabozos es de 40, por lo que tienen un exceso de tres reclusos.
“Han pasado 524 días, por lo que ya deberían estar en un penal, donde pueden recibir visitas conyugales, ver a sus hijos y otros beneficios de los que no disfrutan en este centro, que es transitorio“ explicó.
“Los presos no son del gobernador“
Ante la insistencia de algunos manifestantes de responsabilizar del retraso en los traslados al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, autoridades de Polimiranda dieron la cara al problema y conversaron con los familiares una vez más, explicándoles el funcionamiento del proceso penitenciario.
Cada vez que alguien que comete un crimen es capturado, el Fiscal del Ministerio Público lo presenta ante el tribunal competente, de donde se emana una boleta de encarcelación a un penal de Venezuela, una vez que la boleta es enviada y se coloca como lugar de reclusión transitorio la comandancia, se elabora un oficio que se envía al Ministerio para el Servicio Penitenciario, con el objeto de que le otorguen el cupo a la policía de Miranda.
“Se observa que los jueces han perdido su autonomía. La gobernación es un ente ejecutivo del cual depende la policía. El gobernador no tiene presos, sencillamente nosotros hacemos la custodia de esas personas“ detalló Escalona.
Con respecto a las acciones a tomar, el funcionario aclaró que no pueden pasar por encima del derecho ciudadano a protestar, por lo que se dedicaron a conversar con las manifestantes y explicarles donde deben exigir respuestas, mientras que ellas aseguraron que llegarán hasta las últimas instancias, y de ser necesario se unirán a la huelga de hambre.
Carlos Peña – cpena@diariolaregion.net / @Litozz