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La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Caracas repudió la conducta de algunos funcionarios públicos que cercenan el derecho del trabajo de los profesionales del derecho
El Colegio de Abogados de Caracas fijó posición ante los constantes atropellos que han venido padeciendo en los últimos meses los profesionales del Derecho, por parte de las autoridades del Estado, al ejercer la defensa de los ciudadanos. Igualmente el gremio solicitó al Ministerio Público que inicie una investigación por los abusos contra los abogados.
“La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Caracas alza su voz de protesta para repudiar la conducta de algunos funcionarios públicos que cercenan el derecho del trabajo de los profesionales del derecho, violan el debido proceso, el derecho a la defensa de los abogados y de la ciudadanía, que son derechos humanos fundamentales”, señaló Yvett Lugo, Presidenta del Colegio de Abogados de Caracas.
Igualmente instó al Ministerio Público para que abra las averiguaciones respectivas, con objetividad e imparcialidad, y se sancionen a los responsables de los hechos denunciados por la Abogado Thailandia Márquez, quien explicó que funcionarios del Estado se negaron a que viera a su cliente. “Si por ejercer el derecho a la defensa de un representado voy presa, iré presa”. Esbozó la abogada Márquez.
Aprovechó la oportunidad para manifestar que tres femeninas del CICPC la esposaron en una silla, la golpearon, le halaron los cabellos y le ocasionaron un esguince en un pie. La llevaron a la medicatura forense y el galeno hizo caso omiso. La llevan nuevamente a la subdelegación de El Paraíso y le ordenaron hacerle pruebas toxicológicas en contra de su voluntad, muestra de sangre, orina y rapado de dedo.
Así mismo, Yvett Lugo repudió la privación de libertad del colega Marcelo Crovato, quien fue detenido en el ejercicio de su profesión, por el hecho de asistir a un ciudadano que solicitó sus servicios, el cual era objeto de un allanamiento en el Municipio Chacao. “Con estas prácticas lo que hace el régimen es criminalizar el libre ejercicio profesional del Derecho, cuando califica como delito la defensa por parte de colegas a los ciudadanos”.
También denunció la práctica de los funcionarios judiciales que le solicitan a los justiciables la revocatoria del nombramiento de abogados privados, y en su lugar le designen defensores públicos de presos.
Agencias