Los abogados suecos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentaron ante un tribunal de Estocolmo una petición para que sea retirada la orden de prisión preventiva en ausencia dictada contra el periodista australiano en 2010 por cuatro presuntos delitos sexuales.
Assange lleva dos años viviendo en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió después de que el Supremo británico ordenara su extradición a Suecia.
Ecuador le concedió asilo político por temor a que fuera enviado de Suecia a Estados Unidos, donde podría afrontar un juicio militar por la información confidencial difundida por WikiLeaks.
“Han pasado tantos años y ocurrido tantas cosas que dificultan la vida de Julian Assange. Creo que el tribunal va a sentir una necesidad imperiosa de revisar esa decisión. No podemos tener una situación en la que una persona sea tratada de esa forma”, declaró hoy Thomas Olsson, uno de sus letrados, a la televisión pública SVT.
Los abogados suecos de Assange ya habían reclamado en un artículo publicado en el diario “Svenska Dagbladet” en febrero que fuera interrogado en la embajada de Ecuador en Londres, apelando a las circunstancias personales del activista y a la legislación sueca.
La Fiscalía rechaza esa posibilidad alegando que es necesario que el sospechoso esté presente para ser interrogado en la investigación preliminar de este tipo de delitos.
“No es para nada infrecuente viajar (los fiscales) al extranjero para realizar interrogatorios vinculados a otros países (…) Es llamativo que no se haga en este caso, parece como si se tratase de una cuestión de prestigio”, afirmó Olsson.
Assange está acusado de cuatro delitos, que él niega, contra dos mujeres cuando estaba de visita en Suecia en agosto de 2010.
El proceso ha estado rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y una reapertura del caso que había sido reducido inicialmente a un delito menor.
Assange fue detenido en Londres en diciembre de 2010 y entonces comenzó un largo proceso judicial en el Reino Unido, que culminó cuando el Supremo rechazó su último recurso.
Agencias
