“Las drogas ya tienen toga y birrete” sentencia el profesor Hernán Matute Brouzés, fundador y coordinador de la Cátedra Libre Antidrogas (CLIAD), del Instituto Pedagógico de Caracas, adscrito a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), haciendo referencia al estudio realizado en 31 universidades de la Gran Caracas donde se ha detectado la venta interna de sustancias ilegales.
“Desde el 2003 hemos venido monitoreando un consumo expansivo de drogas así como cadenas de comercialización que operan a través del minitráfico o distribución interna, con conexiones externas bien definidas. En 18 de las 31 universidades operan más de dos organizaciones. En todas hay vendedores internos, casi desapareciendo los vendedores externos a las instituciones, modalidad tradicional hace 20 años, pero que ahora tiene poco peso y significación. En conclusión, los vendedores ahora son los mismos estudiantes regulares universitarios, lo que hace más cercana y expedita la oferta, siendo a su vez, los grandes propiciadores de la demanda, por ser impulsores, facilitadores y propagandísticos internos de la droga”, explicó
A esta realidad se le suma el hecho de que cada recinto universitario cuenta con sus «zonas de tolerancia para el consumo» y sus «zonas de descargue” e inclusive de «caleta» donde se guarda la mercancía “y lo que es peor: todas las autoridades la conocen, al igual que la propia comunidad universitaria, y no se hace nada o muy poco; y cuando se hace es de manera circunstancial y de carácter no permanente, con la cual, la recurrencia es el pan de cada día”, añadió el docente.
El problema se ha agravado, a juicio del entrevistado, a raíz de la concentración desmedida de alumnos en los centros de educación superior y su pésima seguridad interna así como el desdén de sus autoridades y, de la propia comunidad universitaria, lo que ha propiciado los «nichos de impunidad, edulcorados con permisividad, tolerancia extrema, que raya en la complacencia y sinvergüenzura, generándose una cohabitación, habituación y una naturalización del hecho, que ya desarrolló una desesperanza aprendida con raíces profundas, complejas y diversas», puntualizó.
Sin respuesta
A juicio de Matute las universidades carecen de estructuras internas, académicamente formalizadas, para dar respuestas a la problemática, y curricularmente, no existen materias, cursos, actividades de extensión, asignaturas electivas-optativas o servicios sociales comunitarios en los cuales de manera permanente, con seguimiento, evaluación registro de data, se contribuya a la prevención con seriedad. Sólo en el IPC desde el año 2003 existe un accionar bien estructurado, pero que depende más del quehacer personal de un profesor, que de una responsabilidad y compromiso institucional.
Por esta misma carencia los servicios de bienestar estudiantil no están preparados para dar respuestas primarias a los problemas de consumo y, menos de sobredosis. “Hemos evaluados algunos de ellos y, en todos se desconoce o se violan los protocolos internacionales de abordaje, o su intervención adolece de la calidad y profundidad que los casos ameritan. Por otro lado, en la mayoría, ni siquiera psicólogos existen y los médicos internistas o generales no tienen el apresto elemental en la materia, y lo que es peor no saben la localización (dirección, teléfonos, nombres del personal de especialistas) a los cuales deben remitirse. Ni hoja de ruta, ni jerarquización, ni modalidades de referencia son manejadas por los entes primarios de las universidades. Ante una emergencia el caos reina”, puntualizó el entrevistado.
Johana Rodríguez – jrodriguez@diariolaregion.net/@michellejrl