Las organizaciones y partidos políticos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática de Miranda rechazaron de manera contundente la política de “chantaje, hostigamiento y amenaza” que viene aplicando el gobierno nacional en contra los habitantes del estado Miranda, especialmente contra los trabajadores del Ejecutivo regional.
A través de un acuerdo aprobado de manera unánime, los distintos factores que hacen vida e la MUD-Miranda fijaron posición y exigieron al Ejecutivo nacional el cese de la campaña de “terror, trato cruel y amenaza con la población mirandina”.
“Pretender poner de rodilla al estado Miranda, a sus habitantes y a los trabajadores de la gobernación, sólo para presionar políticamente al gobernador Capriles Radonski es inaceptable, inhumano y sobre todo inconstitucional”, señaló el diputado regional Richard Guevara, vocero de la MUD-Miranda, quien recordó que el año pasado el Ejecutivo nacional retrasó hasta el último momento los recursos para el pago de los aguinaldos de los trabajadores por meras razones políticas.
Guevara indicó que la campaña contra el estado Miranda es dirigida por el propio presidente Maduro y coordinada por Elías Jaua, la parlamentaria Aurora Morales y algunos diputados de la AN. “Usan los recursos del Estado, que le pertenecen por derecho a los mirandinos, como si les pertenecieran y pretenden utilizarlos como un medio de chantaje y amenaza”.
Liberan a Leopoldo
En el acuerdo la coalición democrática regional también fijo posición en torno al dictamen emitido por la ONU de liberar de manera inmediata a Leopoldo López y al ex alcalde Daniel Ceballos, por considerar que su detención fue arbitraria, ya que violó el debido proceso y por tanto sus derechos humanos.
“Este dictamen no es una mera formalidad, es una orden que debe ser acatada pues así lo establece la Constitución Nacional que le da carácter vinculante a estas decisiones en materia de derechos humanos”.
Por último expresaron su solidaridad con Juan Carlos Caldera, diputado por Miranda ante la AN, quien este jueves deberá comparecer ante el TSJ por el caso de antejuicio de mérito. “Esto no es sino una muestra más del abuso y acoso de este régimen arbitrario y prepotente, que no duda en usar las instituciones del estado para perseguir y castigar a quienes luchan por la democracia y los derechos del pueblo venezolano”.