CORT. EFE
Los republicanos se han mostrado en contra de que el presidente “actúe por su cuenta” porque consideran que está excediendo su autoridad y advirtieron de que, si adopta las medidas ejecutivas en materia migratoria, dificultará la cooperación en otros asuntos
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciará este viernes en la ciudad estadounidense de Las Vegas las esperadas medidas ejecutivas en materia migratoria, adelantaron ayer varios medios locales, que citaron fuentes oficiales.
Se espera que el presidente haga el anuncio en la escuela secundaria Del Sol High School, donde dio su primer discurso sobre inmigración en su segundo mandato, según fuentes conocedoras del plan de la Casa Blanca.
Obama indicó, tras las elecciones legislativas del pasado 4 de noviembre, en las que los republicanos lograron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, que tomaría medidas ejecutivas antes de finales de año, ante la falta de acuerdo en el Congreso para pasar una reforma migratoria.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, que habló ayer en el National Press Club en Washington, señaló que las acciones ejecutivas que tomará Obama en materia migratoria “en los próximos días” serán “integrales” y abordarán diversos aspectos, incluida la seguridad fronteriza.
Jeh confesó además estar “decepcionado” por el “carácter volátil” que el asunto ha tomado en la política estadounidense y subrayó la necesidad de reconocer la urgencia de solucionar las fallas del sistema migratorio.
El Senado aprobó un proyecto de ley el pasado año, todavía con mayoría demócrata, que quedó estancado en la Cámara de Representes, donde los republicanos ostentan la mayoría desde 2010.
Según comenzó a filtrarse la semana pasada, el plan de Obama permitirá que muchos padres de niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales obtengan permisos de trabajo y eviten así la amenaza de la deportación.
Esa pieza del plan podría afectar a entre 2,5 y 3,3 millones de personas, dependiendo del tiempo de permanencia en el país (diez o cinco años) que se fije como requisito para los potenciales beneficiarios.
El presidente evalúa, además, ampliar la protección que ya existe para los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y extenderlas también a sus padres, lo que beneficiaría a más de un millón de inmigrantes.
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