A través de la providencia administrativa n°66/2014 el Superintendente Nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, dictó la Medida de Ocupación Temporal a la empresa Toyofalcón, por acaparamiento y boicot de bienes según lo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ).
Según lo establecido en el texto publicado en la Gaceta Oficial N° 40.571 se indica el nombramiento de la Junta Administradora Ac Hoc, presidida por Carlos Warrick, y por parte de la Superintendencia estará Elig Quintero, coordinador del organismo en el estado Falcón.
Toyofalcón había sido denunciada ante la Sundde por los delitos tipifícados en la LOPJ y se visitó el pasado 04 de noviembre de 2014, donde funcionarios del ente fiscalizador constaron que la empresa vendía vehículos a una empresa llamada Multiplex Vao -propiedad del mismo dueño del sujeto de aplicación- para luego ser trasladados a un galpón que no estaba ligado jurídicamente con esta empresa.
Motofalca en Zulia será ocupada temporalmente tras incurrir usura
También en el estado Zulia será ocupada temporalmente la empresa Motofalca, medida autorizada mediante la providencia administrativa n° 074/2014. El concesionario automotríz había sido denunciado por usura en venta de vehículos marca Toyota. Sus márgenes de ganancia alcanzaban hasta 177% incumpliendo lo establecido en el 37 de la LOPJ.
Se nombró una Junta Administradora Ac Hoc la cual será presidida por Johanna Ferrer y por parte de la Sunnde estará Rocio Loaiza, fiscal actuante del procedimiento iniciado el pasado 10 de noviembre del 2014.
Bajo providencia administrativa n°075/2014 se ordenó la misma medida en la empresa Sudamericana de Soplado ubicada en el estado Miranda. La Junta Administrativa estará presidida por Yepzi Rodríguez.
Todas la providencias administrativas antes mencionadas son rubricadas por el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Andrés Eloy Méndez cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos en la salvaguarda del salario y acceso a los bienes y servicios del pueblo venezolano.
