Durante lo que va de este año, en Venezuela la delincuencia ha asesinado 136 policías o integrantes de algún cuerpo de seguridad del Estado, 47 de los cuales han sucedido en la Gran Caracas; pero el gobierno nacional insiste en la miopía de no reconocer la problemática, en no realizar un diagnóstico objetivo de este grave fenómeno; y peor aún, en no buscarle una solución definitiva a pesar de los veinte planes de seguridad, los cuales han fracasado todos.
Los criminólogos afirman que se trata de un indicador de la pronunciada descomposición moral y educativa que padecemos como sociedad y el gobierno en que es un plan perverso urdido por la ultraderecha a través de paramilitares o “paracos” para desestabilizar al país; pero sin profundizar en metodologías científicas o respuestas politiqueras sobre el origen de esta matanza de uniformados, lo que hemos observado como ciudadano y producto de consultas populares en el “barrio adentro” y a los familiares de los funcionarios asesinados, es que intervienen tres factores puntuales mucho más “terrenales” y que están relacionados con la propia actuación de la delincuencia y con la incapacidad institucional del Estado.
El primero, es la impunidad general que reina en el país porque los delincuentes no respetan la vida de nadie y menos la de una autoridad uniformada debido a que matar a un policía se ha convertido en un acto “fácil”; el segundo, es el altísimo costo en el “mercado negro hamponil” de un arma de fuego oficial o una moto con logos de alguna institución pública de seguridad; y el tercero, que es tan grave como los anteriores, que en el submundo de las mafias y bandas organizadas el asesinato de un funcionario policial o militar lo exponen como un trofeo “macabro” porque esa “hazaña” los hace merecedores de mayor prestigio entre sus integrantes y mientras más saña se demuestre en el crimen, mayor es la jerarquía que adquieren. Eso está pasando y en esa dirección debe apuntar el gobierno nacional; lo demás son exquisiteces académicas o excusas oficiales.
UNA FARSA. La cúpula nacional del Psuv armó un berrinche comunicacional para presentar el proceso de postulaciones de las ubeches para escoger sus precandidatos a la AN como un éxito organizativo, de participación de las bases y de hermandad revolucionaria; pero cuando se escrudiña a profundidad lo que realmente pasó, al menos en el estado Miranda la cosa fue todo lo contrario. Me explico: el principal representante del diosdadismo en este estado, el diputado nacional Claudio Farías, fue entrevistado el martes pasado por los sagaces periodistas José Martínez Natera y Jairo Cuba en el impelable programa “Frente a Frente” que transmite Miratv todas las mañanas, y le dio hasta con el tobo a Elías Jaua. Lo acusó de usar el poder de los sopotocientos cargos de gobierno y partidistas que ejerce para imponer “la línea de Maduro”, en contra de los liderazgos zonales. Farías hizo delicadas denuncias relacionadas con abuso de poder, ventajismo, chantajes, manipulación de dirigentes de base y hasta de extorsión; que son las mismas de las que acusa la oposición al chavismo cuando hay elecciones. Además, ese proceso se convirtió en un acto de fé dogmática porque los postulados están obligados a aceptar los resultados sin hacer ningún reclamo; nos les permitieron tener sus propios testigos sino los del partido, no les entregaron actas para comprobar el número de postulaciones y, por si fuera poco, aparecerán en el tarjetón electoral sin indicación de cuantos votos sacaron sino que sus nombres serán colocados por orden alfabético.
RESULTADOS ROJOS. Dudo que los dirigentes que fueron postulados por las ubeches por los altos mirandinos conozcan en cuál posición quedaron; pero un “compatriota cooperante” me asegura que el orden de los primeros seis es el siguiente: Raúl Salmerón, Luís “junior” Rodríguez, Carmen Cisneros, Kendrick Figueredo, Erika Ortega y José Gregorio Biomorgi. Por cierto que el gran perdedor fue Garcés porque se puso a inventar a última hora con su Secretario General de Gobierno pero llegó detrás de la ambulancia y por eso no se descarta que decline antes del 28 de junio, día de las supuestas elecciones de base.
¿PARA QUÉ SIRVE UN CONCEJAL Y CUÁNTO GANA?. El artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece 23 atribuciones de los concejos municipales; entre las que están la de legislar, controlar el gobierno local y aprobar las concesiones de servicios públicos o el uso de bienes municipales; y el 13 de la Ley de Emolumentos fija el ingreso máximo de los concejales en cinco salarios mínimos mensuales, lo que indica que si están aplicando esta norma en Guaicaipuro cada edil debería ganar 28.112,4 Bs por mes (el salario mínimo esta en 5.622,48Bs). Yo me pregunto si los concejales de este municipio sabrán para que fueron electos y si sus actuaciones se corresponden con el alto sueldo que devengan?. La pregunta es a propósito de las arbitrariedades cometidas por el alcalde Garcés en temas como el aumento del aseo urbano, del transporte público y de los impuestos en general; el desastre de la avenida Independencia o del sistema para las cobranzas de los impuestos municipales y sobre los cuales no hay pronunciamiento de los concejales oficialistas. Excluyo de esta crítica al concejal Roberto Rojas porque es el único que ha denunciado estos excesos y por eso lo tienen como “el llanero solitario”…
¿SE CONOCEN DESDE ATRÁS?. Me llegó el supuesto nombre de la supuesta empresa que ejecutó la supuesta “rehabilitación” de la avenida Independencia de Los Teques, cuyas siglas serían BM&A; pero no lo voy a mencionar completo hasta que no lo tenga confirmado y porque el objetivo no es exponerla al escarnio público sino que el alcalde Garcés aclare el procedimiento que aplicó para adjudicarle esa obra. Sólo les comento que una simple consulta al Registro Nacional de Contratistas me permitió detectar que la empresa está habilitada para contratar con el Estado, que posee el nivel XXXVIII que determina el estimado de contratación y que tiene un capital social suscrito y pagado de 500.000 Bs (¿?); sin embargo, observé un curioso dato: en la relación de obras y/o servicios que la constructora realizó durante el año 2.011 aparecen cuatro contratos con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cuyas fechas de inicio coinciden con el lapso de cuando Francisco Garcés fue ministro de ese despacho, desde junio del 2.010 a noviembre del 2.011.
Sergio Graffe