La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron su preocupación por el deterioro del derecho a la libertad de expresión en el país. En su informe anual, llaman la atención por “la reducción de los espacios de debate público, en perjuicio del derecho a la libertad de expresión libre e independiente y con apego a las garantías consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte”.
Asimismo, la Relatoría llama la atención en torno al incremento en las agresiones, amenazas y detenciones a periodistas, especialmente en el contexto de las manifestaciones sociales y hechos de conflictividad y denunció la continua estigmatización, por parte de altos funcionarios públicos, de medios de comunicación y periodistas críticos, así como la apertura de procesos sancionatorios y los despidos de comunicadores.
El documento cita el caso de los periodistas del diario La Región Daniel Murolo y Ronald Gil, quienes habrían sido buscados en la sala de redacción del diario y llevados en calidad e testigos a la sede del Cicpc – Los Teques. Durante 4 horas los habrían interrogado presuntamente con la intención de obtener las fuentes informativas que suministraron datos sobre el asesinato de la intérprete de señas del canal Venevisión, Adriana Urquiola. La periodistas Altagracia Anzola habría sido sometida a dos interrogatorios sobre el mismo tema el 1 de abril de 2014.
El informe aborda otras situaciones, como la persistencia de la escasez del papel de prensa y los bloqueos al acceso a medios de comunicación a través de Internet.
En el apartado Censura de material periodístico, despidos y renuncias de periodistas, la Relatoría menciona, como en otros casos, la información presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP): Las organizaciones participantes afirmaron que la venta de medios de comunicación a nuevos propietarios –cuya identidad permanecería desconocida– habría generado la salida de numerosos trabajadores despedidos o forzados a renunciar.
Indicaron que en el caso Globovisión, a raíz del cambio de patronos fueron eliminados espacios informativos y de opinión, y al menos 60 trabajadores habrían salido de la planta televisiva, despedidos o forzados a renunciar (…) En el caso del Grupo Últimas Noticias, informaron que a partir de su compra personas vinculadas al gobierno nacional y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela habrían sido designadas en puestos claves del grupo.
Informaron que en este contexto, los trabajadores “han denunciado una escalada en los hechos que vulneran su fuero profesional, a través de la censura de sus textos y malos tratos por parte del patrono, teniendo como consecuencia la salida de al menos 51 periodistas”.
En este periodo también habría sido desarticulada la Unidad de Investigación del medio impreso. En cuanto a la compra del diario El Universal por parte de un grupo de origen español, indicaron que “una de las primeras decisiones de la nueva directiva fue la restructuración de los espacios de opinión. La empresa prescindió de los servicios de al menos 40 articulistas críticos al Gobierno”.
En este sentido, cita el informe que el principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”./ SNTP
Amenazas y hostigamiento
Finalmente, frente a los reportes y denuncias de organizaciones venezolanas sobre patrón de estigmatizaciones, detenciones, agresiones físicas, amenazas, hostigamientos y robo de material contra periodistas y trabajadores de medios durante la cobertura de protestas, la Relatoría recuerda que “el trabajo de periodistas y comunicadores/as y el libre flujo de información es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado […] previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad. Por esta razón, las autoridades deben otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para que cumplan su función. En ese sentido, deben garantizar que los y las periodistas no sean detenidos/as, amenazados/as ni agredidos/as y que sus derechos no sean restringidos en ninguna forma por estar ejerciendo su profesión en el marco de una manifestación pública”
Continua citando que “el Estado no debe prohibir ni criminalizar las trasmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de información. Los y las periodistas no deben ser citados/as como testigos por los órganos de Justicia y las autoridades deben respetar el derecho a la reserva de sus fuentes de información. Asimismo, sus materiales y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados. Las autoridades deben adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra los y las periodistas, condenando enérgicamente las agresiones, investigando los hechos y sancionando a los responsables, tal como establece el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH (…) También es de especial importancia en estos contextos que las autoridades cuenten con protocolos especiales para proteger a la prensa en circunstancias de conflictividad social e instruyan a las fuerzas de seguridad sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática.