El Frente Nacional de Mujeres, instancia que agrupa a lideresas de la Mesa de La Unidad Democrática, tiene tiempo exigiendo al C.N.E que incluya la paridad de género en las postulaciones para cargos públicos de elección popular; y por tal motivo, al comienzo de este año se reunieron con la Presidenta del organismo electoral, Tibisay Lucena, para presentarle un documento sobre la necesidad de un nivel mínimo de participación femenina en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Como consecuencia de esa petición, la rectora Lucena acaba de presentar un reglamento especial que obliga a las organizaciones políticas o alianzas unitarias a que presenten sus respectivas postulaciones con al menos el 40% por género, en condiciones paritarias y alternativas para candidatos principales y suplentes, tanto para los nominales como para los de las listas cerradas.
Hago esta aclaratoria porque la iniciativa sobre la paridad de género en las postulaciones no surgió del seno del Psuv sino de la Mud, aunque hay que reconocerle al partido oficialista que se “robó” la propuesta al punto que fue incluida en su reglamento interno para la elección de sus candidatos en las recientes primarias, con lo cual logró un relativo éxito comunicacional al presentarla como propia siendo ajena; y por el contrario, se le critica la alevosía ventajista del C.N.E porque debió publicar ese reglamento antes de las primarias y los consensos de la oposición para que ésta tomara sus previsiones; pero aún así, ambos polos políticos tendrán complicaciones para cumplir con la cantidad mínima del 40% por género porque en este momento ninguno lo tiene cubierto y lograrlo les queda hasta el 7 de agosto.
Sin embargo, no se puede caer en la ingenuidad de creer que el sobrevenido discurso feminista y juvenil del Psuv obedece a una reivindicación histórica con estos sectores de la población sino a una pura y simple estrategia electoralista relacionada con el difícil momento por el que pasa el gobierno de Maduro especialmente en temas económicos y de inseguridad; y sobre el contundente rechazo que está generando tanto en los jóvenes como en las mujeres porque son las principales víctimas de un régimen que ha sido incapaz de controlar la inflación, la escasez y la criminalidad; y es lo que explica que sean los sectores más propensos a votar para aplicar el voto “castigo” y están más dispuestos a movilizaciones de calle.
Hay razones que explican este rechazo al gobierno de Maduro porque de los más de 300.000 venezolanos que han sido asesinados por el hampa en los últimos 16 años, al menos el 80% eran jóvenes; que de los 1.5 millones que se han visto obligados a abandonar el país, el 90% también son personas menores de 30 años y profesionales; que casi todos los 75 presos políticos son chamos estudiantes a los que se le violan los derechos humanos; o que de los ciudadanos que pasan hasta cuatro horas haciendo “colas” para conseguir los escasos y costosos productos alimentarios, el 70% son mujeres. Esta son las razones, y no otras, por las que desde el oficialismo hacen esfuerzos inútiles por congraciarse con dos sectores que aportarán la mayoría de los votos para producir un cambio radical en la composición de la Asamblea Nacional.
CINISMO ROJO ROJITO. Sindicalistas del Psuv tiene meses soliviantando a algunos docentes que dependen de la Gobernación de Miranda para inducirlos a que realicen “paros” políticos e ilegales por compromisos laborales generados por la VII Contratación Colectiva, firmada por el gobierno nacional con los educadores del país. Sin embargo, Capriles ha reconocido su parte de la deuda y ha demostrado que no la ha cancelado porque no había recibido los recursos del gobierno central, a pesar de solicitarlos en dos ocasiones este mismo año; pero tengo constancia escrita de que hace poco llegaron 1.737.260.551,00 Bs a la gobernación del estado por concepto de incremento del situado constitucional, ante lo cual Capriles solicitó un crédito adicional ante el Consejo Legislativo regional (trámite obligado para liberar el dinero) para pagar las siguientes deudas: 322.723.052 Bs para el fideicomiso de prestaciones sociales de los docentes de los años 2.012 y 2.013; 37.705.986,86 Bs para el fideicomiso de prestaciones sociales del personal obrero de educación, del 2.014; 43.718.164,83 Bs de los intereses generados por fideicomisos de prestaciones sociales de personal obrero y docentes, hasta diciembre del 2.014; 22.687.801.13 Bs para homologación de jubilados y pensionados de la docencia, del 2.013 y 2.014; 224.912.283,43 Bs para una porción correspondiente a la homologación de docentes activos, hasta el 2.014; 5.359.802,88 Bs para la homologación de los policías jubilados y pensionados, desde junio a diciembre del 2.014; 151.000.000 Bs para cubrir parcialmente el reciente incremento de salarios para los docentes, decretado este año por el gobierno nacional; además de otros recursos para el personal del propio Consejo Legislativo, la Contraloría Regional y los bomberos del estado; sin embargo, el 26 de junio, a las 9 y 50 minutos de la mañana, entró la solicitud del crédito ante el parlamento regional y aunque la bancada democrática propuso urgencia reglamentaria para su aprobación inmediata, de forma irresponsable y cínica la mayoría de legisladores oficialistas (son 8 de 15) decidió posponer la aprobación para otra fecha bajo el ridículo argumento de que la Comisión de Finanzas debía hacer un estudio profundo sobre los recaudos respectivos, a pesar de que en esa misma sesión sí le dieron “el play” a otro crédito adicional por urgencia reglamentaria por 6.997.070,00 Bs para el programa “Hogares Mirandinos” que ejecuta el Fondo Único Social de Miranda (Fusmi). Como dice mi pana Bachir Tahhann esta gente “no quiere ni paz ni guerra”…
EL PROPIO SIMULACRO. Al margen de las especulaciones sobre la real participación electoral en las primarias del Psuv (lo cual es un misterio porque el C.N.E no ha emitido resultados oficiales), todo el mundo conocía quienes “ganarían” ese proceso. Yo me atreví a pronosticar lo que pasaría en Miranda y acerté 6 de 8; sin embargo, la realidad es que se trató de un simulacro para medir su capacidad de movilización, de terrorismo laboral, de uso de recursos públicos durante la campaña y ordenarle al C.N.E las convenientes prórrogas o la sustitución de los cuadernos físicos de votación por los electrónicos (¿?); pero también sirvió para saber que el techo electoral del Psuv no llega a los 4 millones de votos.
Sergio Graffe