El pasado martes presentamos un conjunto de medidas puntuales, urgentes, que un gobierno serio y preocupado por superar una situación de emergencia económica, como la que vive nuestro país, debería adoptar para frenar y sacarnos de la crisis.
Nuestra Venezuela está como un paciente en terapia intensiva, y para reanimarla es urgente tomar acciones para comenzar a corregir las graves distorsiones económicas que la enferman y así atenuar las consecuencias sociales de la recesión que ya tenemos encima.
El gobierno, sin embargo, haciendo gala de su irresponsabilidad, no hace nada. Por el contrario, hostiga a los comerciantes con interminables fiscalizaciones, estrangula al aparato industrial y condena a los productores del campo. En lugar de asignar las divisas que generan las exportaciones petroleras, las dispone para traer de otros países los alimentos, medicinas, vehículos, cauchos, baterías y hasta electrodomésticos que impide producir aquí.
Un millón de dólares invertidos en el circuito agroindustrial venezolano permite producir 2,6 millones de kilos de alimentos, en tanto que apenas son suficientes para importar 0,55 millones de kilos de comida. Nuestro pueblo no entiende por qué si es tan evidente que lo que necesitamos es promover y fortalecer la producción nacional, el gobierno privilegia la llamada economía de puerto. La razón es que los promotores de este modelo económico estatista, fracasado en todos los países en los que se ha intentado aplicar, privilegia las importaciones porque es enemigo de la iniciativa privada y en cada factura con sobreprecio que paga en el exterior incluye la tajada de la corrupción.
Los venezolanos que amamos nuestro país, que lo queremos ver con una economía competitiva, en la que se multipliquen las oportunidades para todo el que quiera emprender una actividad, y con la suficiente producción de alimentos y demás productos, para satisfacer las necesidades de cada uno de sus ciudadanos, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se desliza hacia el despeñadero.
Por eso presentamos al país unas primeras propuestas para inyectarle un alivio al enfermo, para encaminar la reactivación de los sectores productivos estratégicos y para lanzarles un salvavidas a los trabajadores venezolanos con un programa de corto plazo, inmediato, que frene el deslave social y podamos llegar a diciembre más o menos en pie.
Se trata de un planteamiento claro, sencillo y sin tecnicismos, cuyo eje central es el bienestar de las familias venezolanas, orientado a la superación de la pobreza, y a evitar que la inflación, que agobia a nuestro país, la más alta del mundo, siga perforando el bolsillo de los trabajadores.
Es de extrema urgencia, por la inmediatez del año escolar, la creación de un fondo especial que garantice a nuestros niños contar con sus cuadernos, útiles y uniformes. Hemos propuesto su creación con un capital semilla de 250 millones de dólares para este fin. El calzado escolar para un niño, ahorita, cuesta entre 7 y 9 mil bolívares, mucho más que el salario mínimo. ¿Cuántos trabajadores, cuántos padres, con dos o tres niños en la escuela o el liceo, están en capacidad de equiparlos para el regreso a clases? Para septiembre el panorama se pinta muy difícil para los padres y representantes, y se tiene que dar una respuesta a nuestro pueblo.
La economía nacional se puede comenzar a recuperar si hay la voluntad política para promover un acuerdo nacional en el que participemos todos, los empresarios, los trabajadores, el gobierno. No se puede seguir como vamos, se tiene que cambiar el modelo importador por el modelo de la producción. Se tienen que atender ya las necesidades del sector privado productivo, aplicar medidas que generen confianza, que el gobierno permita a las empresas obtener las divisas que necesitan para importar la materia prima para producir en el país. Nuestra Venezuela ya no aguanta más tanta indiferencia.
Se necesita recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que el ingreso real de las familias sea suficiente para mantenerse, por eso nuestra propuesta incluye el aumento del salario mínimo en un 50%. Las estadísticas sociales, elaboradas por nuestras universidades, revelan que cerraríamos el año 2015 como el de mayor pobreza, casi 16 millones de venezolanos en esta situación. ¡Hay que recuperar el bolsillo de los trabajadores ya!
Las 293 empresas que fueron expropiadas deben regresar a manos de sus legítimos dueños para que enciendan sus motores. El gobierno no puede seguir dando luz para afuera y oscuridad para la casa. Debe cobrar al menos 10 mil millones de dólares que otros países deben a Venezuela por convenios petroleros. Esos recursos deben invertirse en resolver los problemas que tenemos en el país. El gobierno tiene que actuar como un buen padre, y su obligación es darle bienestar a los venezolanos.
Los venezolanos queremos un cambio de rumbo, pero la mayoría no tiene confianza en que este gobierno pueda hacerlo. Y cómo se puede tener confianza en un gobierno que ha demostrado poco interés y una incapacidad absoluta a la hora de resolver los problemas del pueblo. Por eso, hay un clamor para que la próxima Asamblea Nacional acompañe esas expectativas de cambio y así será. Los venezolanos tenemos que activar nuestra fuerza y hablar con contundencia el 6 de diciembre, a través de nuestro voto, para tener diputados comprometidos con nuestra Venezuela. Los diputados que asuman en enero del próximo año tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de hacer las leyes que impulsarán el cambio hacia el progreso y el bienestar que merecemos todos los venezolanos. ¡Qué Dios bendiga a nuestra Venezuela!
Henrique Capriles Radonski