Está comprobado que en Venezuela la vialidad terrestre se deteriora mucho más durante la temporada de lluvia que en el resto del año y como en estos días he observado que algunas autoridades no quieren asumir sus propias competencias en esta materia, he considerado oportuno presentarles un análisis técnico-jurídico para determinar a cuál nivel de gobierno le corresponde atender la vialidad en Miranda, de acuerdo a su clasificación en nacional, estadal o local; y así los ciudadanos puedan identificar a los responsables.
El artículo 152 de la Ley de Transporte Terrestre establece que todas las vías nacionales son competencias del poder central y las define como las carreteras que atraviesan un estado regional y salen de sus límites, incluido el Distrito Capital; los puentes que formen parte de estas vías; las autopistas con sus respectivos distribuidores, puentes, túneles, viaductos y rampas de acceso; las incluidas en acuerdos internacionales por su condición geoestratégica de seguridad y defensa; las que sirven de acceso a otros modos de transporte; las de conexión nacional e internacional y las que además de al tráfico estadal o local, también sirven al nacional e internacional; y el 153 de esta misma ley aclara que son vías de comunicación estadales y que deben ser atendidas por las gobernaciones, las que constituyen la red vial dentro de una región exceptuando las consideradas nacionales.
En el caso de los municipios, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal contempla que una de las competencias propias del poder local es la vialidad urbana; concepto repetido en el 161 de la Ley de Transporte Terrestre y el 384 del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre la define como las calles, avenidas y demás vías de interés local así como las construidas con ingresos propios municipales.
Por otro lado, la Gaceta Oficial 39.200 de fecha 15 de junio del 2.009, es taxativa en cuanto a que el gobierno nacional declaró la transferencia al poder central de toda la infraestructura vial del país que antes administraban las gobernaciones, incluyendo la vialidad agrícola.
Además, el 9 de enero del 2.014 el Ministro de Transporte, Hayman El Troudi, le envió un oficio al gobernador Capriles para “aclararle” que las vías en Miranda de competencia nacional son la que sale de Coche por la Panamericana hasta La Victoria, en Aragua; la que entra por el estado Vargas hasta Chirimena, en el municipio Brión de Barlovento; la que sale de Caracas hasta el embalse La Mariposa, en Los Salias; la que cruza Miranda hasta Aragua, pasando por Charallave y San Casimiro y la que sale del final de la autopista Francisco Fajardo y llega a la Colonia Tovar, en Aragua; además de las troncales nacionales 1, 9 y 12 que atraviesan todo el país.
También se observa en este oficio ministerial que de las 8 carreteras estadales atribuidas a la gobernación de Miranda, sólo 3 “tocan” los altos mirandinos y son la local 3, que va desde el embalse La Mariposa a la parroquia La Democracia, Municipio Lander; la local 6, de La Mariposa a Santa Teresa del Tuy y la local 9, de La Cortada del Guayabo hasta Carrizal.
Como queda argumentado, son pocas las vías en la geografía del Municipio Guaicaipuro que sean competencia de la gobernación de Miranda; y por eso le aclaro a Garcés que entre ellas no está la destartalada avenida Víctor Baptista de Los Teques, porque al ser urbana entra en área de su exclusiva responsabilidad como alcalde; pero todas las demás son materia del gobierno nacional, incluyendo la vialidad agrícola de las seis parroquias foráneas.
BUSCAN INHABILITAR AL ELECTOR OPOSITOR?. Las inhabilitaciones selectivas que está realizando la Contraloría General de la República contra dirigentes y candidatos de La Unidad Democrática a la Asamblea Nacional a pocos días del vencimiento de las postulaciones (del 3 al 7 de agosto) tienen el objetivo perverso de que el elector opositor le reste importancia al voto como mecanismo para generar profundos cambios políticos en el país y, en consecuencia, se abstenga de participar en las parlamentarias del 6-D; y al mismo tiempo, representa una motivación psicológica para que los electores oficialistas que no quieren votar por los candidatos de Maduro debido al rechazo a su gobierno, crean que sí pueden ganar la mayoría de diputados y decidan participar; sin embargo, insisto es que es una estrategia peligrosa que lleva implícito un alto riesgo político porque pudiera generar un efecto contrario tipo “boomerang” y lo transforme en un poderoso deseo para acabar con el abuso y el ventajismo de las instituciones secuestradas por el Psuv; y por tanto aumente el actual nivel del 80% que tiene la intención de votar, de los cuales el 60% aplicará el “voto castigo” por la inflación, la escasez o la inseguridad.
LA TESIS SOBRE LA REGIONALIZACION DEL DELITO. Algunos funcionarios públicos se han copiado el discurso del gobierno nacional cuando usa la mentira como estrategia comunicacional oficial o en buscar “chivos expiatorios” por todas partes para no asumir sus responsabilidades en temas como la inflación, la escasez o la inseguridad. Con relación a este último aspecto, le he odio decir al alcalde de Guaicaipuro, y a Elías Jaua, que el gobernador Capriles es el principal responsable de combatir la criminalidad en Miranda, sin presentar un solo argumento jurídico que sustenten sus opiniones. La realidad es que tanto la Constitución Nacional como un extenso cuerpo de leyes de la República establecen claras competencias al gobierno central, a los regionales y a los municipales para garantizar la vida y los bienes de los ciudadanos; pero supongamos que la “tesis Garcés” sobre la regionalización del delito tuviese algún asidero racional, entonces la mayor responsabilidad sobre la inseguridad recaería en los gobernadores oficialistas porque son autoridad en 20 de los 23 estados regionales (86.95%) y la oposición sólo en Miranda, Lara y Amazonas (13.04%); y si lo comparamos con la extensión territorial de cada uno, también saldrían comprometidos porque la alternativa democrática gobierna en 207.895 kilómetros cuadrados de los 916.445 de la geografía total de la nación (22.68%) y el Psuv en los 708.550 restantes (77.32%). Así con argumentos y cifras concretas es como se le calla la boca a los habladores de pistoladas.
Sergio Graffe