Sobre OLP, paramilitarismo y Misión Vivienda

Después de los fracasados 20 planes de seguridad con los cuales el Socialismo del Siglo XXI ha tratado de combatir los altísimos niveles de criminalidad que tienen a Venezuela en un bochornoso segundo lugar como país más violento del mundo, el único que ha reportado resultados concretos y que son apreciados como positivos por buena parte de la población son los controversiales Operativos para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP); pero lamentablemente, el carácter “showsero” como han sido presentados les han restado mayor apoyo popular porque fueron metidos en la polarización política en una especie de “dakazo policial”, a propósito de las elecciones parlamentarias de este año.

No podría convalidar las denuncias sobre violación de los derechos humanos a los familiares de los muertos y detenidos en estos procedimientos al tratar a los habitantes que viven en esos espacios geográficos como si todos fuesen delincuentes, ajusticiamientos extrajudiciales o sobre saqueos policiales a las casas allanadas porque existe opacidad en la versión oficial; pero si una investigación objetiva comprueba tales irregularidades, se deben establecer las responsabilidades pertinentes y castigar a los culpables, aunque dudo que haya avances significativos en este sentido; sin embargo, llama la atención que el gobierno le haya dado un giro politiquero a estas medidas al vincular al supuesto paramilitarismo con sectores opositores, porque sus argumentos no son convincentes. Por qué? Me explico.

Hasta el jueves pasado se habían realizado 12 de estos operativos en Caracas y en el estado Miranda, de los cuales el 92% han sido ejecutados en urbanismos de la Misión Vivienda o en las Zonas de Paz; lo cual nos conduce a preguntarnos cuál gobierno construyó las casas de la Misión Vivienda?; cuál realizó los estudios socioeconómicos para adjudicar esos apartamentos?; cuál le asignó el 25% de esas residencias a extranjeros, espacialmente a colombianos supuestamente indocumentados?; cuál abandonó territorios completos para crear las Zonas de Paz, donde los delincuentes actúan impunemente?; cuál permitió que se hayan creado y armado las bandas organizadas?. Todas estas preguntas tienen una sola respuesta: El gobierno nacional.

La tesis de que el paramilitarismo colombiano forma parte de un plan de la oposición para desestabilizar y derrocar a Maduro es una especie de “dibujo libre” en el que cada quien pone sus muñequitos imaginarios; pero supongamos que efectivamente ese fenómeno está implantado en Venezuela, entonces estamos en presencia de un Estado Fallido que es incapaz de combatir un flagelo que invadió espacios creados y controlados por el propio gobierno nacional?. Si es así, el problema de la inseguridad esta fuera de control y lo que viene es más show electoral hasta el 6-D.

LA TERCERA OPCION ELECTORAL. La empresa Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) acaba de publicar los resultados del estudio de opinión Venebarómetro, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 28 de mayo y el 11 de junio de este año sobre una muestra de 1.200 entrevistas, con cobertura de hogares rurales y urbanos. Los datos que arroja esta encuesta deben generar un frio intenso en el espinazo del gobierno y en el de los candidatos de Maduro a la Asamblea Nacional, porque las variables medidas pudieran ser premonitorias de los resultados del 6-D. Veamos. Al investigar la intención de votos en un escenario polarizado, la oposición se ubica en un 41.8% contra un 22.1% del chavismo. El 27.4% considera como buena la gestión de Maduro y el 71.2% como mala. El orden de los problemas no resueltos son la escasez, la inseguridad, la inflación, el desempleo y servicios de salud; que constituyen los principales motivos para el “voto castigo”; pero el dato más escalofriante es que cuando se consulta las preferencias candidaturales de los entrevistados, el 19% se declaró indeciso; el 32.6% apoyaría a los de la oposición; el 27.6% a los independientes, el 20% a los del chavismo; lo que ubica al oficialismo en una lejana tercera opción electoral, por primera vez en 16 años.

¿CUAL ES LA POTENCIALIDAD ELECTORAL DE DELSA? En los altos mirandinos había 265.734 electores aptos para votar en las parlamentarias del 20.10, de los cuales participaron 185.843 (el 69.93%). En esas elecciones el candidato de La Unidad, Alfonso Marquina, sacó 112.595 votos contra 66.512 de la representante del Gran Polo Patriótico, Aurora Morales (62.11% a 36.69%); lo que representó una abismal diferencia de 46.083 votos a favor del primero (un 25.42%). Para en estas parlamentarias del 6-D los electores inscritos deberían estar por el orden 300.000 en todo este circuito. Si se cumple el nivel de participación esperado de un 70% como en el 2.010 (podría ser mayor) y se mantiene la misma tendencia a favor de La Unidad, implica que de los 210.000 probables votantes (menos 5.166 nulos; un 2.46%), la distribución estimada de los 204.834 válidos sería 127.222 votos para Delsa Solórzano (62.11%), 75.154 para Erika Sanoja (36.69%) y 2.458 para las candidaturas fuera de la polarización (1.2%). Que conste que no soy brujo sino Politólogo…

RACISMO ROJO EN LA ALCALDIA. Uno de los rasgos, aparte de la ineficiencia, que identifica a “la legión extranjera” que se trajo Garcés desde Caracas para que asumiera los cargos más importantes en la alcaldía de Guaicaipuro, ha sido la prepotencia en el trato al funcionariado que labora en esas instalaciones; pero nadie se había atrevido a denunciarlo hasta que hace poco tres trabajadores de Catastro pidieron un derecho de palabra en la Comisión de Mesa de la Cámara Municipal para acusar de malos tratos y racismo a su directora; sin embargo, “un compatriota cooperante” me dice que al parecer uno de los concejales rojos se atrevió a grabar la intervención de estas personas, sin la debida autorización, y la envió al Director General de la Alcaldía. La inmediata consecuencia de este despreciable “sapeo” es que andan buscando la forma de instruir expedientes administrativos para despedir a los denunciantes. Supongo que el sindicato estará luchando por defender los derechos laborales de estos funcionarios, aunque me cuentan que hasta ahora ha guardado un silencio cómplice. Menos mal que el Panteón Nacional no queda en esta alcaldía porque “la legión extranjera” no hubiese permitido que allí reposaran los restos del Negro Primero.

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