Durante los últimos años el gobierno central ha construido un considerable conjunto de obras de vialidad en Los Teques, fundamentalmente a través del Ministerio del Transporte, Corpomiranda, El Metro y el Consejo Federal de Gobierno, que por su envergadura a muchos les pudiera parecer fascinantes o de gran importancia; pero cuando se analiza el impacto de los probables beneficios colectivos, en la mayoría de los casos los astronómicos montos de la inversión no es proporcional con los niveles de utilidad pública esperada; lo cual evidencia que fueron proyectadas y/o ejecutadas sin la debida planificación urbanística; y por el contrario, la improvisación es el denominador común entre ellas, porque además, no existe un plan marco que las interconecte para impedir la actual anarquía en la vialidad de Los Teques.
Por ejemplo, (1) construyeron una gigantesca obra vial al frente del terminal de Los Lagos que desapareció el monumento histórico de la Quinta Queniquea y genera accidentes y confusión constante debido a la cantidad de ramales cruzados sin la adecuada señalización; (2) la circunvalación que conecta Lagunetica y sectores montañosos de ese eje poblacional con Los Teques por el barrio Aquiles Nazoa no tiene rampa de frenado para reducir la velocidad del transporte de carga pesada, a pesar de que la bajada es de casi 40 grados de pendiente; (3), por si fuera poco, el flujo vehicular colapsa la avenida Víctor Baptista hasta la Estación Alí Primera de El Metro, lo que produce inmensas colas en las horas picos; (4) además, la redoma de El Tambor se convirtió en un embudo que “tranca” el tráfico de vehículos que le llega a Los Teques desde la carretera vieja, Carrizal y Los Salias; (5) incluso, la parte baja del súper elevado de la estación Alí Primera es un “cuello de botella” que paraliza la descarga vehicular de la avenida Bicentenario, de la Víctor Baptista y de la calle Miranda, debido a que unos abusadores choferes del transporte público montan a los pasajeros justo en la intersección de las tres rutas y convirtieron esa zona en un gigantesco estacionamiento ante la vista complaciente de las autoridades policiales y militares que hacen “plantón” allí.
Si el gobierno nacional hizo una estimación de aprovechamiento político-electoral con estas obras, sacó una cuenta equivocada porque las incomodidades causadas son de tal magnitud que casi nadie cree que se construyeron para beneficiar al pueblo sino para que “alguien” se pudiera ganar una buena tajada por la asignación de esos contratos mil millonarios, porque aparte de las estaciones del Metro, casi todo lo demás tiene una utilidad reducida y la mayoría son problemáticas para la vida cotidiana de los guaicaipureños.
EXPULSADOS DE COPEI. La Dirección Regional de Copei en Miranda suspendió de toda militancia partidista a los ex copeyanos Franklin Goyo, Pedro Crespo, Haydee Delgado, Julio Blandín, Vicente Apicela, Esequiel Colmenares y Ricardo Fiori por aceptar la postulación del partido Min Unidad como candidatos a la Asamblea Nacional; y solicitó a la Dirección Nacional su expulsión definitiva de la organización verde. Tengo en mi poder la copia del oficio, con fecha del 28 de septiembre del 2.015, firmado por Enrique Mendoza en su condición de Presidente Regional y en el que aclara que toda la militancia copeyana está resteada con los candidatos de La Unidad en Miranda, cuya tarjeta la identifica una mano con el pulgar alzado en señal de triunfo; lo que significa que la candidata de los socialcristianos por los altos mirandinos es Delsa Solórzano.
BARBAS EN REMOJO. En Venezuela existen algunas autoridades electas por el voto popular que creen firmemente que el poder les durará toda la vida y que los desafueros que cometen en el ejercicio del cargo jamás serán investigados por la impunidad de una circunstancial complicidad institucional, y por tanto, actúan sin control de ningún tipo; pero les recuerdo que los delitos de corrupción nunca prescriben. Lo que le acaba de suceder al alcalde del municipio Caroní en el estado Bolívar es la prueba de lo que digo. Fue imputado, entre otros delitos, por concierto con contratistas para violar procedimientos en la licitación para asignar contratos de obras. Cualquier parecido con una realidad cercana es pura coincidencia; pero cuando sea, el brazo largo de la ley alcanza a los corruptos por más refinados que sean.
CONSEJO EN REBELDIA. Me llegó la copia de un oficio que le habrían enviado los integrantes del Consejo Local de Planificación Pública al alcalde de Guaicaipuro, donde le dan una lección jurídica sobre el funcionamiento e importancia de este órgano que aprueba el plan de inversión de obras municipales; y después de citarle una serie de artículos constitucionales y legales, le solicitan una reunión urgente para tratar el diagnóstico del presupuesto participativo y la gestión municipal; y aunque el oficio no hace referencia expresa a la creación del Fondo de Reconstrucción Municipal que habría solicitado Garcés hace poco ni a la modificación del plan de inversiones del 2.015 que le quitaría recursos a tres obras para asignarlo a la Renovación de la Avenida Pedro Russo Ferrer por un monto de 42 millones de BF, uno supone que será un tema obligado. El oficio en cuestión tiene fecha de recibido en el despacho del alcalde el 24 de septiembre, a las 3.30 p.m y con copia a la cámara y Contraloría Municipal.
COLOMBIANOS BOLIVARIANOS POR LA PAZ. El cierre de la frontera entre parte de Venezuela y Colombia a través del Estado de Excepción decretado por el presidente Maduro y que produjo fuertes denuncias internacionales por evidentes atropellos de autoridades venezolanas contra los residenciados en esa franja territorial (colombianos y venezolanos), generó una ola de rechazo que le indicó al oficialismo la necesidad de tratar de revertir el costo político-electoral de esas acciones; y es la exclusiva razón por la cual desde el gobierno se promovió la constitución del Movimiento Bolivariano de Colombianos por la Paz; pero la realidad es que ese intento ha sido un fracaso absoluto, según sus propias cifras; porque se supone que en Venezuela cohabitan con nosotros unos 5.5 millones de colombianos, de los cuales al menos 1.5 millones están inscritos como electores, pero el reporte del Psuv es que en dos semana del operativo se han registrado unos 200 mil colombianos en todo el país; lo cual significa que el porcentaje del apoyo esperado no llega ni al 15%.
Sergio Graffe / Politologo