La situación irregular se registró en la Comandancia General ubicada en la avenida Bertorelli Cisneros de Los Teques. Detenidos habían cavado un orifico en la pared de diez centímetros cada uno.
La oportuna realización de una requisa en los calabozos de la comandancia general de la Policía de Miranda (Polimiranda) evitó que los 67 privados de libertad lograran evadirse del lugar.
Así lo explicó el comisario Elisio Guzmán, director del referido cuerpo policial, quien detalló que al hacer las inspecciones de rigor de los calabozos, los efectivos se percataron que dos barrotes metálicos de una de las Salas de Guarda y Custodia habían sido aflojados al punto de estar desprendidos y que en otras dos celdas los detenidos habían cavado un orifico en la pared de diez centímetros cada uno.
De acuerdo a Guzmán, la sobrepoblación de detenidos está generando una alarma permanente en el organismo, puesto que en todos los Centros de Coordinación Policial superan la capacidad de albergue para los reclusos, lo que ocasiona que actúen de forma violenta y dañen las estructuras para tratar de fugarse.
“En esta oportunidad, la acción constante de vigilancia permitió identificar a tiempo una evasión. Si esto llegase a ocurrir, tendríamos un escenario de riesgo para la ciudadanía en general, porque en los espacios de reclusión tenemos a 67 personas, cifra que duplica el tope de las instalaciones (30).
No es fácil para la policía preservar la seguridad tras los barrotes, tampoco es fácil para el privado de libertad tener que convivir bajo el asedio de una multitud que se aglomera cada vez más por la indolencia del Ministerio de Prisiones y la lentitud del sistema de justicia”, dijo.
En ese sentido enfatizó que existe una indiferencia por parte del Ejecutivo Nacional sobre el peligro inminente que representa el hacinamiento y que pueden ocurrir situaciones de peligro como motines, fugas y huelgas de hambre, por parte de las 212 personas que están detenidas en las diferentes sedes de la Policía de Miranda, cuya capacidad es solo de 140 personas.
“Lo que parece no entender el Gobierno Nacional es que la mala administración penitenciaria y de justicia, está violando los Derechos Humanos de toda la sociedad y que demorar el otorgamiento de cupos es una decisión que puede tener repercusiones severas y que pone en peligro constante a la ciudadanía”, citó.
Yhanny Casares
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