FAN está obligada a garantizar seguridad durante instalacion de la nueva AN

AN
La organización chavista afirma en Twitter que la toma del Parlamento por parte de la ciudadanía es constitucional

Un evento institucional que sería absolutamente normal en un país democrático podría no ser así este 5 de enero debido a la convocatoria que está haciendo el oficialismo para que sus seguidores participen activamente, lo que podría introducir un elemento de desorden con la pretensión de “incomodar o impedir que los recién electos diputados de la Unidad” ejerzan sus facultades constitucionales.

El anuncio a través de la red social Twitter del colectivo La Piedrita de “tomar” las instalaciones del Parlamento la próxima semana encendió las alarmas. Sin embargo, para el politologo Sergio Graffe existen mecanismos legales para garantizar que este acto se realice con la normalidad del caso.

El numeral 9 del artículo 17 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional establece que uno de los derechos de los diputados y diputadas es “recibir protección a su integridad física. Toda autoridad pública, civil o militar de la República, de los estados y los municipios, prestará cooperación y protección a los diputados y diputadas en el ejercicio de sus funciones”.

Agrega que “la responsabilidad de la protección dentro de las áreas de funcionamiento de la Asamblea Nacional estará a cargo de la junta directiva a través de los órganos que correspondan y por gestiones de ella, de oficio o a solicitud de parte interesada, o por decisión de la plenaria, se hará extensiva a las áreas externas de la Asamblea Nacional cuando fuere necesario o conveniente”.

Además, el numeral 21 del artículo 27 le da atribuciones al presidente de la Asamblea Nacional para “garantizar la seguridad personal de los diputados y diputadas mientras se encuentren en el salón de sesiones y en las instalaciones del Poder Legislativo”, y el 65 sobre el uso de la fuerza pública plantea que el presidente o presidenta, la junta directiva o la Asamblea Nacional tomará las medidas necesarias para asegurar el orden público en los espacios exteriores de la sede de la institución, pudiendo recurrir a los órganos de seguridad y defensa existentes. La custodia en el interior de la AN estará a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la dirección de la presidencia de la Asamblea Nacional. La presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los espacios de sesión de la Asamblea Nacional, de las comisiones, subcomisiones u otros órganos y dependencias de la misma, solo podrá admitirse en casos especiales previa solicitud del presidente o presidenta o de la junta directiva de la Asamblea Nacional.

En resumen, –agregó Graffe-, la participación popular está permitida en las sesiones de la Asamblea Nacional pero bajo parámetros de orden y seguridad para los diputados; en todo caso tanto el presidente saliente del Parlamento como la junta directiva disponen de mecanismos para lograr ese objetivo, así como los entrantes, y por lo tanto no debería suceder nada extraordinario.

Debe cumplirse

El artículo 219 de la Constitución establece que “el primer periodo de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará sin convocatoria previa el cinco de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible…” y el 2 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional es taxativo en cuanto a que “al comienzo de cada periodo constitucional del Poder Legislativo se realizará la instalación de la Asamblea Nacional, la cual se llevará a cabo sin convocatoria previa a las 11.00 a.m del cinco de enero o del día posterior más inmediato posible, a fin de examinar las credenciales de los diputados y diputadas, elegir la junta directiva e iniciar el periodo anual de sesiones ordinarias”.

Según esta normativa no debería suceder nada extraordinario el próximo martes cuando se instale la nueva Asamblea Nacional; en consecuencia, el respeto institucional indica que a esta primera sesión deberían asistir los máximos representantes de los poderes públicos venezolanos como el presidente de la República, la presidenta del CNE y los demás rectores, la Fiscal General, el Contralor General, el Defensor del Pueblo y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y demás magistrados, como es el deber ser y ha sido en todas las instalaciones del Poder Legislativo durante los últimos 17 años.gf

Daniel Murolo – dmurolo@diariolaregion.net / @dmurolo

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