Queremos manifestar nuestra preocupación por el reciente decreto de emergencia económica propuesto por el Ejecutivo Nacional. Para el sector empresarial, la nueva medida resulta contraproducente para el país y podría agravar aún más la situación de precariedad que ya se vive en los hogares venezolanos.
El decreto del Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, parte de un diagnóstico equivocado y la lectura de cada uno de los Considerandos, es una clara manifestación que el Ejecutivo no tiene intención de rectificar; por el contrario, es una muestra de su afán en profundizar un modelo económico cuyos resultados están a la vista: La economía venezolana acumula 8 trimestres consecutivos de recesión, con la inflación más alta del mundo por tercer año consecutivo.
No es cierto que la actual crisis que vivimos es resultado de una supuesta “guerra económica”. Hay que precisar que el origen de la crisis económica es anterior a la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional. Esta es una crisis que se engendró entre los años 2007 y 2008, tan pronto el Estado emprendió varias olas de estatizaciones e intervenciones de empresas privadas, la gran mayoría de ellas arbitrarias y discrecionales, que inhibieron la inversión privada nacional y extranjera.
Lamentablemente las empresas intervenidas o estatizadas se mantienen paralizadas o con mínimos niveles de productividad. Solo por rescatar algunos ejemplos: la producción de cemento, controlada en su totalidad por el Estado, cayó 63% durante el año 2015; Agroisleña abastecía 40% del mercado nacional de agroquímicos, pero luego del nacimiento de Agropatria, la estatal solo logra abastecer un 5% del mercado; el Gobierno nacional controla el 52% de la harina precocida de maíz y el 90% del café, cuyos niveles de escasez experimentamos cotidianamente todos los venezolanos.
El Gobierno nacional mediante leyes habilitantes y el control de la Asamblea Nacional, aprobó múltiples leyes que regularon y controlaron la economía, desestimulando la producción nacional, imponiendo condiciones cada vez más difíciles para que el sector privado operara. El resultado final es que aumentó la dependencia de las importaciones, lo que contradice, por ejemplo, el objetivo del Gobierno Nacional, de lograr la soberanía alimentaria. ¿Queremos seguir profundizando estas medidas que ya han dado claras evidencias de fracaso?
Lamentablemente, el Gobierno Nacional no reconoce la necesidad de cambiar el rumbo económico del país. Este es el principal problema de la política económica implementada por el Ejecutivo: ninguna empresa puede producir a pérdidas y las regulaciones aprobadas desde hace años han conducido a muchas empresas a reducir operaciones o al cierre. Por tanto, le preguntamos al gobierno lo siguiente: ¿Por qué no le permiten a las empresas privadas lo mismo que quieren hacer con el precio de la gasolina?
A pesar de los recientes resultados electorales, tras los cuales la población esperaba rectificación, apertura al diálogo; el Ejecutivo, dictó 17 Leyes en el marco de la Ley Habilitante y la extinta Asamblea Nacional, dictó otras 12 Leyes. Nos resulta inexplicable que a pocos días de tales decisiones, se plantee una nueva solicitud que va mucho más allá de una habilitación legislativa, para llegar a suspender las garantías constitucionales en materia económica y con base en ello, dictar una serie de medidas que distan mucho de la atención prioritaria que requiere la producción nacional.
Vía decreto no se restituye la confianza necesaria para atraer inversiones. El Decreto busca profundizar el modelo de un Estado crecientemente intervencionista que asfixia la libre iniciativa empresarial. Insistimos, no hay país que haya logrado progresar sin la inversión privada.
El Decreto no aborda los problemas sistémicos de la economía de nuestro país. Venezuela necesita un plan económico integral, un marco institucional que promueva una economía fuerte, estable, productiva e innovadora. Que genere progreso y bienestar. El Gobierno ha tenido y tiene en sus manos, la potestad legal de tomar los correctivos necesarios sin tener que recurrir a decretos de emergencia económica.
La crisis económica que hoy padecemos no es coyuntural ni circunstancial, no es producto exclusivo de la reciente caída de los precios del petróleo. Es una crisis estructural y progresiva que obedece a las políticas desarrolladas por el Gobierno Nacional.
Con preocupación advertimos que vienen tiempos aún más difíciles. El Decreto propuesto no solucionará los problemas del país, por el contrario, los agravará.
No podemos dejar de preguntarnos: ¿Qué país tendríamos al término del período de excepción? ¿Tendríamos un país productivo o al menos encauzado a producir lo básico para satisfacer nuestras necesidades internas? Lamentablemente creemos que la respuesta es no.
Hacemos un llamado al Ejecutivo a rectificar. Reafirmamos una vez más, nuestra voluntad de diálogo y compromiso con el país. Venezuela cuenta con sus empresarios. El Gobierno Nacional debe generar los espacios y las condiciones para detener el creciente y acelerado cierre de industrias y comercios que no pueden sobrevivir a los embates del cerco que ha impuesto su modelo.
Reiteramos nuestra disposición a un diálogo sincero y efectivo en un ambiente de respeto mutuo que nos permita generar propuestas concretas en la redefinición de políticas públicas, fundamentalmente destinadas al rescate y fortalecimiento del aparato productivo nacional, para garantizar tanto la sostenibilidad de las empresas, como la preservación y generación de más y mejores empleos en el país.
En FEDECÁMARAS estamos convencidos que sin el empuje y contribución de la empresa privada y sus trabajadores es inviable el crecimiento económico de un país y en Venezuela, ello es indispensable para reemplazar la dependencia del petróleo y reactivar la producción nacional y así poder lograr la construcción de mejores oportunidades para el futuro.
