Aseguran que no hay argumentos para que TSJ declare inconstitucional Ley de Amnistía

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El abogado constitucionalista y profesor universitario Pedro Vargas señaló que la ley sancionada por la Asamblea Nacional para otorgar beneficios procesales a los denominados presos políticos, cumple con todo lo establecido en la Constitución Nacional

Según afirmaciones del abogado constitucionalista y profesor universitario Pedro Vargas, no existe ningún mecanismo legal válido para que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declare inconstitucional la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional (AN).

 

Vargas señaló que el marco jurídico diseñado para otorgar beneficios procesales a quienes son juzgados por presuntos delitos cometidos dentro de eventos políticos, cumple con todo lo establecido en la Carta Magna y no promueve la libertad para personas que cometieron delitos comunes, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad ni violatorios de los Derechos Humanos, tal y como lo establece el artículo 29 de la Constitución.

 

El jurista señaló que, más allá de un tema legal, las acciones emprendidas desde el poder Ejecutivo contra esta ley denotan un contexto netamente político, por lo que los especialistas en el área esperarán a ver cuáles son los argumentos que emanarán desde la máxima instancia de justicia para que el Presidente Nicolás Maduro no promulgue la ley. De igual forma, recordó que este marco jurídico es potestad del parlamento venezolano, según lo establece la Carta Magna venezolana.

 

“Es imposible que con argumentos legales esta ley sea declarada inconstitucional. Pareciera que lejos de discutirse algo jurídico se discute algo político, ya que la ley cumple con todo lo exigido en la Constitución, quizás el destino de esta ley pueda ser el mismo de la Ley del BCV, que puede ser declarada inconstitucional” dijo.

 

En ese sentido y bajo ese escenario, recomendó a la Asamblea acudir a instancias internacionales para denunciar estas irregularidades y solicitar un pronunciamiento ante el carácter político de un posible pronunciamiento, tal y como ha ocurrido en otras oportunidades con leyes sancionadas desde el parlamento./NDP

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