El oficialismo tiene cuatro opciones ante el revocatorio presidencial que está impulsando La Unidad como parte de su hoja de ruta para salir de Maduro por la vía constitucional.
La primera es tratar de que no se realice en ningún momento, ante la certeza de perderlo y “feo”; la segunda es ordenarle al CNE que haga lo imposible para que no lo celebre este año sino el próximo, con el objetivo de evitar nuevas elecciones presidenciales y el vicepresidente ejecutivo del momento pueda culminar el periodo de seis años, de acuerdo al artículo 233 de la Constitución Nacional; la tercera es participar para “ver” si lo gana, si la presión popular obliga al CNE a que lo convoque y realice este mismo 2.016; y la cuarta es aplicar una abstención activa al ordenarle a sus seguidores que no acudan a votar el día de la celebración, por si ocurre la eventualidad que la oposición no pueda cubrir las exigencias numéricas contenidas en el artículo 72 constitucional.
De las cuatro opciones, la del saboteo por parte del CNE para celebrarlo pero el año próximo y la abstención activa son las más factibles debido a que impedirlo sería muy difícil y ganarlo, imposible.
Con el retardo en responder la solicitud que hizo La Unidad para que convoque el referendo revocatorio y entregue los formatos oficiales para recoger las firmas de los convocantes y la abrogación exclusiva para tomar la iniciativa legislativa en temas electorales, el CNE está cumpliendo el mandato del gobierno en alargar los lapsos y procedimientos para que el revocatorio se pueda realizar después del mes de abril el año 2.017 (fecha de los cuatro años de Maduro en el cargo); sin embargo, es una pretensión que puede ser anulada por la presión popular y la conducción política de La Unidad.
Con relación a la abstención activa, el artículo 72 de la Carta Magna establece que el revocatorio lo puede solicitar el 20% de los electores y para que sea efectivo deben participar 25% de votantes y que los votos a favor de la revocatoria sean superiores a los que obtuvo el funcionario objeto de esta medida; lo que implica que en un registro electoral de 20 millones de electores como el nuestro, harían falta 4 millones de firmas solicitantes,
5 millones de participación electoral y que los votos a favor de la revocatoria de Maduro sean superiores a los 7.587.579 votos con los que fue electo presidente en el 2.013; sin embargo, los 7.728.025 votos (el 38.64% del total de electores del país) que obtuvo la lista nacional de La Unidad son suficientes para superar el número de firmas solicitantes, el nivel de participación electoral requerido y representan 140.455 más que los que sacó Maduro; pero lo más probable es que actualmente los votos contra el presidente sean muchos más que esta cantidad como lo indican el 72% de los venezolanos desean su rápida salida, entre los que se encuentra un 15% de los propios oficialistas. Ese rechazo podría estar en los 10 millones de votos.
Aunque no dudo que esta última opción está siendo evaluada en el oficialismo como una estrategia “in extremis”, también contiene riesgos considerables porque tendrían que determinar un mecanismo que permita la incorporación de sus testigos y coordinadores políticos para cubrir las 40 mil mesas de votación que existen en los 14 mil centros electorales y eso significa alrededor de unos 100.000 personas; a menos que la abstención activa también implique dejar las mesas solas y que la oposición sea la única vigilante del proceso electoral.
ILEGALIZACION MASIVA DE PARTIDOS. El TSJ y el CNE están urdiendo un plan macabro para acabar “legalmente” con los partidos pequeños aliados del Psuv y con la mayoría de la oposición.
El máximo tribunal emitió una sentencia el pasado 5 de enero que le ordena al órgano rector electoral que regule la verificación de la nómina de inscritos de los partidos que no alcanzaron el 1% de votos en las parlamentarias del 6D (200 mil votos) y a los que no postularon candidatos en esas elecciones y eso sólo afecta a los aliados minoritarios de la alianza oficialista y a todos los de la oposición que participaron con la tarjeta de La Unidad, pero menos al Psuv.
Son 62 los afectados. En perfecto “agavillamiento institucional”, el CNE cumplió el mandato y el pasado 4 de marzo dictó las respectivas normas cuyos requisitos son casi imposibles de cumplir, debido a tres exigencias extremas: que cada partido debe poseer un listado de inscritos no menor al 0.5% de los electores nacionales (100.000 militantes como mínimo), que cada militante debe asistir personalmente a colocar sus dedos en las “captahuellas” que disponga el CNE en lugares y durante lapsos que aún no se conocen y que los que firmen por un partido no lo puede hacer por otro, como si se tratara de una doble militancia (si aplican este criterio al Psuv, este partido quedaría devastado porque más del 90% de sus miembros provienen de AD y de Copei).
Esas decisiones violan el derecho a la participación y a la libre asociación política porque la adhesión a un partido es un acto personalísimo y su tamaño lo determina el número de voluntarios de acuerdo a la identificación ideológica; y además, apoyar con la firma la constitución de un partido político no implica militancia sino un acto ciudadano que fortalece la democracia.
El problema es de suma gravedad y ya los “primos pobres” del partido mayoritario de la revolución amenazaron con solicitar la nulidad de estas medidas coercitivas ante Sala Plena del máximo tribunal y no nos extrañe que prospere o flexibilicen los criterios porque se puede armar una “rebelión en la granja”.
Si no hay cambios en esa aberración “mata-partidos”, es poco probable que los pequeños del oficialismo pasen la prueba porque el pasado 6D, el PCV sacó 114.343 votos en todo el país; Tupamaros, 82.188; PPT, 52.516; REDES, 32.464 y Podemos, 28.647; mientras que el Psuv los arropó con 5.203.302 votos de los 5.625.777 que sacó todo el Gran Polo Patriótico.
De lado de la oposición, los únicos que tienen estructura organizativa para superar esta “mamarrachada” serían AD, PJ, Copei, UNT y Voluntad Popular; pero eso generaría una guerra entre estos aliados por conseguir la exclusividad de las firmas de apoyo y algunos de estos podrían “morir en el intento”.
Es decir, en próximas elecciones los partidos nacionales quedarían reducidos a 6 y no a las actuales 63 y eso significaría un retroceso democrático.
Sergio Graffe / Politologo