La Corte Suprema de Estados Unidos lucía dividida el lunes en materia de inmigración, tema crucial de la campaña presidencial, al debatir un plan del presidente Barack Obama para proteger de la deportación a la mitad de los 11 millones de indocumentados.
Si los ocho magistrados no llegan a una decisión, prevista para finales de junio, el bloqueo del plan en otras cortes quedaría vigente: un duro revés para Obama, que intentaría seguir impulsando la situación de los indocumentados hasta el fin de su mandato.
Al son de los mariachis, centenares de manifestantes, principalmente latinos, se congregaron afuera de la Suprema Corte, bajo un ardiente sol y fuerte presencia policial.
El presidente del alto tribunal, John Roberts, y el juez Anthony Kennedy, dos conservadores cuyos votos son críticos en el caso, chocaron repetidas veces con el representante del gobierno de Obama durante la audiencia, extendida a 90 minutos por lo contencioso del asunto.
Lo que está en discusión es un conjunto de medidas ejecutivas que Obama firmó a finales de 2014, cuando las probabilidades de que una prometida reforma migratoria fuese aprobada por la oposición republicana en el Congreso se reducían a cero.
Pero 26 estados, casi todos de mayoría republicana, se negaron a implementar las medidas, y un tribunal de apelaciones las bloqueó.
Uno de los decretos protege de la deportación a personas que viven en el país desde 2010, sin prontuarios criminales, y tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. Otro decreto amplía un programa que protege a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad.
Los cuatro magistrados de tendencia liberal parecían defender el plan de Obama y recordaron acciones similares de sus predecesores.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, reiteró la confianza del gobierno en su «argumento legal» y descartó pronosticar un resultado.
AFP
