Tras diez horas de cola María Lezama sólo pudo comprar un pote pequeño de aceite y un paquete de pasta a precio regulado; aunque madrugó frente al abasto de La Rosaleda Sur, personas procedentes de otros municipios del estado habían “acaparado” ya los números.
“Comencé ha hacer la cola desde las 3:00am, yo tengo toda mi vida viviendo en La Rosaleda, sé quien son de aquí y quienes no y definitivamente el 60 % de la gente que estaba en la cola no era sanantoñera”, reseña la mujer que pudo comprar pasada la 1:00 de la tarde.
La presencia de personas que se trasladan incluso en autobuses alquilados desde zonas como Charallave y Valles del Tuy, los sanantoñeros han solicitado a las autoridades locales “poner mano duro” y garantizar prioridad para los habitantes del municipio a la hora de comprar.
En respuesta a la exigencia, el concejal Héctor Medina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Los Salias, anunció que realizará desde hoy jueves y hasta el domingo una jornada de recolección de firmas para solicitar a la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) que autorice a los supermercados y abastos del municipio pedir la carta de residencia o constancia de trabajo para la adquisición de productos regulados.
“Corresponde a la Sundde garantizar el programa de abastecimiento que emprende el Gobierno nacional, permitiendo que los salienses puedan adquirir los productos que son asignados a esta localidad. De esta forma consideramos se garantiza el derecho al acceso de los productos que les corresponden a los vecinos. Este requisito evitará que recibamos, como hasta ahora viene sucediendo, la presencia de bachaqueros”.
Medina subrayó que esta experiencia se ha aplicado en municipios de los estados Táchira, Trujillo y en los Valles del Tuy de Miranda, donde se exige la carta de residencia expedida por el CNE para la adquisición de productos regulados.
El también abogado mencionó que “con esto tratamos de implementar otro mecanismo de control para acabar con el bachaquero, que tanto daño le ha hecho a la economía venezolana”.
Dijo que el Gobierno está implementando otros mecanismos a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que organiza jornadas para abastecer al personal docente, administrativo y obrero en condición de activos y jubilados, quienes podrán adquirir su combo de productos regulados y estos serán descontados por la nómina respectiva.
“Esta propuesta tiene carácter temporal, mientras el Gobierno estimula el aparato productivo nacional, corrigendo las desacertadas políticas económicas que permitan superar la crisis de producción de alimentos y artículos de higiene personal, para garantizar el expendido de estos a los habitantes de cada municipio y extender este beneficio a los trabajadores de que laboren de forma permanente en la localidad. Con esto no se quiere limitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, sino garantizar el abastecimiento a cada vecino en su propia localidad”.
Daniel Murolo-dmurolo@diariolaregion.net / @dmurolo