En total serían 62 los partidos políticos afectados con la decisión de la Sala Cosntitucional del TSJ que el pasado 5 de enero ordenó al CNE regular la verificación de la nómina de inscritos en los partidos que no alcanzan el 1 % de votos (195.721) en las parlamentarias del pasado 6 de diciembre y a los que no postularon candidatos.
La decisión fue tomada con base en la interpretación del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Manifestaciones y Reuniones Públicas y esos dos criterios, que según explicó el politólogo Sergio Graffe, sólo afecta a los aliados minoritarios de la alianza oficialista y a todos los de la oposición que participaron con la tarjeta de la Unidad, y no al PSUV.
El CNE cumplió el mandato y el pasado 4 de marzo dictó las Normas Para la Renovación de Nóminas de Organizaciones con Fines Políticos Nacionales , cuyos requisitos son casi imposibles de cumplir por la mayoría de los 62 partidos que entran en ese supuesto, debido a tres exigencias extremas: que cada partido debe poseer un listado de inscritos no menor al 0.5 % de los electores nacionales en al menos 12 estados (97.861 militantes como mínimo); que cada militante debe asistir personalmente a colocar sus dedos en el sistema biométrico (“captahuellas”) que disponga el CNE en lugares y durante lapsos aún no definidos, y que los que firmen por un partido no lo puede hacer por otro; si lo hacen, la última firma será la válida.
“La actuación conjunta del TSJ y el CNE pudieran generar un proceso masivo de ilegalización de todos los partidos políticos aliados del PSUV y de la mayoría de la oposición, sobretodo en lo relacionado a la `firma presencial ´de los militantes y en lo de la `la militancia exclusiva”.
Para Graffe estas decisiones violan el derecho a la participación política y a la libre asociación de ciudadanos porque la adhesión a un partido político es un acto personalísimo y su tamaño lo determina el número de voluntarios que se identifican con una misma ideología; “además, apoyar con la firma la constitución de un partido político no implica militar en él sino un acto ciudadano que fortalece la democracia. Si se aplicara este criterio al PSUV también tendría serios problemas para revalidar su registro interno porque la mayoría de sus miembros siguen inscritos en AD o en Copei”, dijo.
Esta situación –agrega el experto- es de extrema gravedad e incidirá en un monumental déficit democrático de nuestro sistema político, ya que ninguno de los aliados del PSUV en el Gran Polo Patriótico está en capacidad de cubrir estas exigencias, como lo indican los recientes resultados de las parlamentarias: el PCV sacó 114.343 votos en todo el país; Tupamaros 82.188; PPT 52.516; REDES 32.464 y Podemos 28.647; mientras que el PSUV los arropó con 5.203.302 votos de los 5.625.777 que sacó todo el Gran Polo Patriótico.
Del lado de la oposición los únicos que tienen capacidad organizativa comprobada para superar estos obstáculos serían AD, PJ, Copei, UNT y Voluntad Popular debido a que cuentan con estructuras implantadas nacionalmente, pero otros como Proyecto Venezuela, Convergencia, Alianza al Bravo Pueblo o Vanguardia Progresista corren el riesgo de no pasar la prueba porque tienen liderazgos “regionalizados” como en Carabobo, Yaracuy, Caracas o Lara; además, generaría una “guerra” entre estos aliados por conseguir la exclusividad de las firmas de apoyo y algunos de estos podrían “morir en el intento”. “Es decir, en próximas elecciones los partidos nacionales quedarían reducidos a 6 y no serían los actuales 63, lo que significaría un retroceso democrático”.
Graffe agrega que igualmente causa preocupación que en el cronograma presentado recientemente por el CNE para la renovación del registro de militancia se estableció que la decisión definitiva para certificar cuáles partidos fueron “legalizados” por cumplir con los requisitos, es del 10 al 30 de septiembre; “pero queda la duda de si este tiempo le permitiría a estos partidos postular candidatos a gobernadores y legisladores en las elecciones regionales pautadas para este diciembre; de no ser así los partidos oficialistas serían absorbidos por el PSUV y los de la oposición tendrían que presentar candidatos con la tarjeta de la Unidad, con lo cual solo quedarían dos alianzas nacionales con facultades para postular candidatos”.
Este cronograma establece que entre el 4 y el 10 de mayo las autoridades nacionales de los partidos deben presentar la solicitud de renovar su militancia; la recolección de manifestaciones de voluntad mediante el sistema biométrico sería entre del 30 de mayo y el 30 de septiembre (cuatro meses); reparos de firmas entre el primero y el 2 de octubre, y la decisión del procedimiento entre el 10 y el 30 de noviembre.gf
Daniel Murolo-dmurolo@diariolaregion.net / @dmurolo