A propósito de celebrarse hoy el Día Nacional del Periodista los profesionales del área afirman que “no hay nada que celebrar” ya que en su opinión viven una situación de alto riesgo al ejercer la comunicación social en Venezuela, resaltando los altos niveles de censura.
Carlos Julio Rojas, periodista independiente, explicó que ejercer esta carrera en el país “es como hacerlo en una nación en guerra, donde en cualquier pauta que toca cubrir puedes ser agredido y hasta golpeado por colectivos o incluso los mismo cuerpos de seguridad del Estado (…) Al producirse hechos de desapariciones físicas inexplicables como las del reportero gráfico en el río Neverí de Anzoatégui, la de la colega periodista y comerciante Ericka María Ares Luick; así como la agresión perpetrada hace unos meses a decenas de reporteros en el CNE y en la avenida Urdaneta donde incluso fue comandando por funcionarios públicos, ante esto la Fiscalía hizo caso omiso. La impunidad reina mientras los comunicadores somos hostigados”, dijo.
Señaló que otro ataque al gremio periodístico son las constantes detenciones, citaciones y juicios con un matiz político contra los profesionales de la comunicación a fin de que estos invisibilicen la crisis social y política expresadas en protestas por toda Venezuela. “En estos días vivimos un ejemplo claro cuando el Sebin citó a tres colegas solo por el hecho de darle cobertura al caso del tiroteo en el Banco Central de Venezuela (BCV). El ejercicio del periodismo en Venezuela está criminalizado”, indicó.
Rojas destacó que el comunicador social venezolano además de todas esas adversidades debe enfrentar la censura y autocensura impuesta por los dueños de medios asociados al partido de Gobierno, quienes intentan tapar las noticias que reflejan la crisis o el hambre que pasa el pueblo; sustituyéndolas por informaciones gubernamentales.
El Gobierno teme
al periodismo libre
Por su parte Darvinson Rojas, reportero de El Pitazo, relató su experiencia de cómo fue citado por el Sebin solo por el hecho de cumplir con su labor periodística. «A la inexistencia de las fuentes oficiales se suma la persecución y citaciones por parte de organismos de seguridad para que revelemos los nombres de las distintas personas que nos ayudan con datos para que la ciudadanía esté informada”, aseveró.
Reveló que el Sebin se apoderó de su teléfono, el cual es su instrumento de trabajo, todo por órdenes del fiscal Heiker Campione, violando el artículo 48 de la Constitución. “En ningún momento los efectivos que me detuvieron y confiscaron el equipo presentaron la respectiva orden de un tribunal para cometer esta acción. El Gobierno nos tiene miedo y quiere doblegarnos simplemente porque estamos con el pueblo que ellos tanto nombran, escuchamos a la gente y replicamos sus denuncias porque es nuestro deber como profesionales. Ellos deberían escucharlos y atender esas necesidades”, concluyó./NDP