El diputado Carlos Berrizbeitia expuso que los perfiles de los magistrados Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Cristian Zerpa «no califican para el cargo»
La mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves en sesión ordinaria dejar sin efecto el proceso de selección y designación de los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizado en diciembre de 2015.
En este sentido, el parlamento nombrará un nuevo comité de postulaciones judiciales.
Durante su intervención, el diputado Carlos Berrizbeitia expuso que los perfiles de los magistrados Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Cristian Zerpa «no califican para el cargo».
Entretanto, el diputado por el Gran Polo Patriótico (GPP), Edwin Rojas, señaló que «para remover magistrados debe haber calificación de falta grave», y afirmó que el Poder Legislativo no tiene competencias para tal fin.
Cabe destacar que, desde que se instaló la nueva mayoría en el parlamento, la oposición ha denunciado en reiteradas oportunidades que el máximo tribunal del país está siendo utilizado para obstaculizar el Poder Legislativo.
Estado de Excepción
Por otra parte, el Parlamento rechazó validar la prórroga de un estado de excepción por parte del gobierno, aduciendo que es ilegal y la medida no ha logrado revertir el estado calamitoso de la economía.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobó un informe que niega la extensión por 60 días del estado de excepción y emergencia económica, formalizada el miércoles por el presidente Nicolás Maduro.
El Legislativo ya había rechazado avalar el decreto dictado el pasado 13 de mayo -que le fuera enviado por Maduro como ordena la ley-, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la MUD de servir al gobierno, lo dejó en firme.
La prórroga, en consecuencia, es «inconstitucional» por desconocer las facultades de control político de la Asamblea, entre otras razones, según la moción aprobada.
Pero más allá de las cuestiones de forma, el bloque opositor consideró que las «políticas económicas erradas», en el marco del estado de excepción, han contribuido a postrar más la economía.
El diputado opositor José Guerra, autor del informe que rechazó ampliar el decreto, detalló que durante su vigencia las reservas internacionales del país cayeron en «más de 4.000 millones de dólares» y ha habido una «macrodevaluación» del bolívar frente al dólar.