El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup, denunció ante la Fiscalía General de la República lo que calificó como nuevos intentos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de iniciar procedimientos írritos que violan la Constitución y pretenden limitar las facultades del Poder Legislativo.
Rechazó que el TSJ le solicitara información sobre las sesiones denunciadas por la bancada del Gran Polo Patriótico del mes de abril y mayo por no acatar otra decisión que, asegura es inconstitucional.
«Dictan una medida cautelar que los diputados no solicitaron y en la que ellos no señalan cuáles son los derechos supuestamente violentados para otorgarla. El tribunal de oficio dicta una medida cautelar innominada», declaró.
Ramos Allup argumentó que de los 7 magistrados de la Sala Constitucional, solo Arcadio Delgado Rosales cumple con los requisitos para ocupar el cargo, por lo que considera que todas las decisiones que ellos toman están viciadas de nulidad.
«El Presidente de la Asamblea Nacional solamente existe para ser citado o notificado de las sentencias inconstitucionales que ellos dictan, pero lo que se refiere a que ese presidente notificado pueda nombrar un apoderado para ejercer su defensa tanto personal como de cuerpo, para eso no», afirmó.
Informó que consignaron ante la Fiscalía copias de documentos donde consta que Cilia Flores, Fernando Soto Rojas y Diosdado Cabello, cuando eran presidentes del Poder Legislativo, concedieron poderes a abogados para que los representaran en juicios contra el parlamento.
«El Presidente de la AN que soy yo, puedo ser citado a un juicio por ellos, pero no puedo nombrar el abogado que me debe representar. Una cosa insólita, de total indefensión», afirmó.
Reiteró que no acatarán las decisiones del TSJ «de jueces que no son jueces, no cumplen los requisitos, son usurpadores y por añadidura violan expresamente la Constitución y son nulas de nulidad absoluta».
