El presupuesto nacional del 2017 es “inconstitucional, ilegal, electorero y hambreador”

 

El presidente de la República presentó el presupuesto ante el TSJ y no en la AN

El numeral 6 del artículo 187 de la Constitución establece que es competencia de la Asamblea Nacional “discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público”; sin embargo este artículo fue violado por el presidente Nicolás Maduro con la reciente aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2017, advirtieron dirigentes politicos de la Unidad en Guaicaipuro.

Sergio Graffe, politólogo y articulista de La Región, reseñó que se trata de una violación ya que no fue presentado ante la instancia parlamentaria sino que “lo hizo fundamentado en un decreto que también es inconstitucional porque el artículo 338 de nuestra Carta Magna afirma que el lapso de duración de un Estado de Excepción como el de una emergencia económica es de 60 días prorrogables por una sola vez; el decretado por el Presidente ha sido prorrogado en cuatro ocasiones, por lo que todas las decisiones basados en el mismo son nulas de toda nulidad”.

–El presidente Maduro también violentó el artículo 311 de la Constitución que obliga a que “el Ejecutivo nacional presentará a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto”, y que “si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del lapso establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por ésta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”; esto significa que para efectos del año 2017 debe ser reconducido el presupuesto del 2016; incluso, el artículo 314 constitucional es taxativo en cuanto a que “no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto”; la violación a este mandato supone sanciones de tipo administrativo y penal.

Agregó que el presupuesto nacional aprobado por el Presidente también es ilegal porque viola los artículos 58, 59 y 60 de la Ley Contra La Corrupción referidos a los delitos contra el patrimonio público y esta misma ley también contempla sanciones pecuniarias y penales para sus violadores, como es el caso.

“Este presupuesto, además, es electorero e irresponsable porque Maduro no anunció la meta de la inflación para el próximo año, la tasa de crecimiento de la economía (PIB), la de cambio de las divisas ni la de desempleo, así como tampoco la posible inversión extranjera directa, lo cual implica que prometer que la inversión social sería del 73 % es inviable porque se basa en parámetros que “Dios proveerá” y esa política lo que pretende es crear las condiciones para conseguir un apoyo electoral ficticio y el manejo de cualquier excedente por la venta del barril de petróleo calculado a 30 dólares cuando en este momento está en 40 y podría subir un poco más, con la consecuencia de poder manejar un “colchón” financiero que incida en algunos programas sociales pero sin control de ningún tipo para tratar de revertir la tendencia del 80 % de los venezolanos que están dispuestos a firmar y votar para sacar a Maduro por la vía democrática.

Este presupuesto –agrego Graffe- también es hambreador porque 83 % del financiamiento va a depender de la recaudación interna, lo que deja al pueblo la mayor carga de los recursos porque el Seniat sería un verdugo a la hora de cobrar los impuestos mientras las entradas por lo que “producen” las empresas socialistas cubren el resto, incluyendo lo que llegaría por la venta de los menos de 3 millones de barriles de petróleo cuya mayor producción está destinada a Cuba y a los países que apoyan a Maduro en el escenario internacional.

–El mecanismo utilizado para aprobar el presupuesto nacional del año 2017 nos indica que el déficit democrático de Venezuela ha llegado al límite y lo que faltaría es una declaratoria formal de una neodictadura en la que se utilizan las herramientas democráticas para implantar un sistema de gobierno en el que la ilegalidad está protegida por una “conspiración institucional” en la que participa de manera activa el TSJ y el CNE para convalidar las acciones de un Poder Ejecutivo que es rechazado por más del 80 % de los venezolanos.gf

Daniel Murolo dmurolo@diariolaregion.net / @dmurolo

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