Perseguir por opinar equivale a prohibir que la gente piense, que razone, y mucho más valor tiene esta consideración si convenimos en que la política es palabra
Mientras la dictadura cacarea la creación de “comandos anti-golpes” montados sobre tanques de guerra, nosotros promovemos manifestaciones pacíficas en las calles, mostrando nuestras armas y municiones: las voces del pueblo. Pretenden que la ciudadanía se paralice de miedo, que se la pase todo el santo día haciendo colas para mendigar lo que “le tiren”. Se niegan a rendir cuentas por el estruendoso fracaso de un modelo que lleva al país por la ruta de la miseria en la que han hundido a la gente; por la imperdonable deuda que echan a las espaldas de las nuevas generaciones; por la desesperación de miles de familias enlutadas por los crímenes que les han desgarrado el alma y por los hechos de corrupción más escandalosos de la historia de nuestro continente.
Es por esa razón que no quieren que funcione un parlamento donde se realicen investigaciones, ni una prensa libre donde digamos sin temores lo que sentimos. Perseguir por opinar equivale a prohibir que la gente piense, que razone, y mucho más valor tiene esta consideración si convenimos en que la política es palabra. De allí que presentar hechos cumplidos, es sustraerse de la idea correcta de hacer política teniendo a los ciudadanos como sujetos políticos. Debatir en la calle con la gente es sobreponerse a las nostalgias irredentas por el revocatorio que sería y no fue, o deslastrarnos de ficciones iracundas que nos oscurecen el horizonte.
Por eso, el próximo 23 de enero será un día para evocar las grandes luchas, y hacer propicia la ocasión para llevar adelante lo que nos corresponde hacer en esta coyuntura en la que estamos llamados a refrendar la declaratoria del “abandono del cargo” de quien ejerció la Presidencia de la República. El régimen se esmera en promover la cultura de la indiferencia, que junto al desánimo y la resignación son letales para los pueblos que pueden oscilar entre la indignación y la sumisión. Apuntan a banalizar la lucha o hacernos creer que la indignación por sí misma es una política. Al disgusto de la ciudadanía hay que darle desaguaderos, convertirlo en acciones sociales con destinos que apunten a soluciones de la crisis que ha creado esta atmósfera de arbitrariedad.
Cuando ese torrente social no encuentra intermediación adecuada en las instituciones, entonces su espacio natural es la calle, pero dirigido, orientado, con metas y con proyectos que le devuelvan a la sociedad su orden alterado por los despojos de las autonomías de esos poderes que no les sirven a los ciudadanos porque se convirtieron en cachiporras de una élite corrompida que se acomoda a las esferas de poder, aún, a costa de la república.
Mitzy C. de Ledezma