El 5 de enero del año 2.016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la cual le ordenaba al CNE iniciar en 60 días el proceso para regular la verificación de la nómina de inscritos de los partidos que no alcanzaron el 1% de votos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2015.
Para el politólogo Sergio Graffe, esta decisión fue tomada en base a una “tendenciosa” interpretación del artículo 67 de la Constitución y del 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, Manifestaciones y Reuniones Públicas. Esta medida no afectaba ni al Psuv ni a La Unidad porque ambos cumplieron con los criterios exigidos, pero sí al Gran Polo Patriótico y a todos los de la oposición que participaron a traves de la tarjeta unitaria. Entre todos sumaban 62 organizaciones que debían renovar.
El CNE cumplió el mandato del TSJ y el 4 de marzo del mismo año dictó las Normas Para la Renovación de Nóminas de Organizaciones con Fines Políticos Nacionales, cuyos requisitos son casi “imposibles de cumplir debido a tres exigencias extremas: que cada partido debe poseer un listado de inscritos no menor al 0.5% de los electores nacionales en al menos 12 estados (97.861 militantes si la solicitud es para los 23 estados y el Distrito Capital), que cada militante debe asistir personalmente a colocar sus dedos en las “captahuellas” y que los que firmen por un partido no lo puede hacer por otro; y si lo hacía, la última manifestación de su voluntad será la válida”.
A los pocos meses, el organismo electoral publicó un cronograma electoral con fechas y lapsos que comenzaría el 2 de mayo con el anuncio de los procedimientos de renovación de los partidos políticos y estableció que la recolección de las firmas sería entre el 30 de mayo y el 30 de septiembre del 2016 (cuatro meses para todos) y todo el proceso culminaría el 30 de noviembre, con la notificación de cuántos y cuáles partidos políticos “pasaron la prueba” y con lo cual habría tiempo suficiente para organizar las elecciones regionales “el primer trimestre del año 2017” tal como lo afirmó la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en octubre de ese año; pero a pesar de que de ese cronograma se cumplieron las dos primeras fases, repentinamente fue interrumpido sin avisar los motivos ni legales ni constitucionales; y hace una semana, tres meses después del primer anuncio, “las cuatro rectoras maduristas del ente electoral publican un nuevo esquema procedimental violando sus propias normas y que complican aún más la posibilidad de que se puedan realizar las elecciones regionales prometidas por Lucena y que según la rectora D´Amelio están suspendidas hasta tanto no se realice la renovación de los partidos políticos opositores”.
Al cuadro anterior hay que sumarle que el Psuv introdujo un recurso ante el TSJ por supuesto fraude cometido por La Unidad durante la recolección de firmas del referendo revocatorio presidencial a Maduro, y que de proceder, “también quedaría abolida la única vía de participación política de la mayoría democrática en Venezuela y con lo cual el Partido Socialista Unido de Venezuela pasaría a ser el Partido Socialista Único de Venezuela, con apenas el 15% de apoyo popular. Tal cual sucede en regímenes totalitarios con partidos únicos como Cuba, China o Corea del Norte”.
Este “agavillamiento institucional” –según Graffe- del TSJ y el CNE generará un proceso masivo de ilegalización de todos partidos políticos y estas decisiones violan el derecho a la participación política y a la libre asociación de ciudadanos, con lo cual nuestra democracia quedaría herida de muerte y daría un paso más a la formalización de una dictadura institucionalizada como acaba de suceder en Nicaragua donde Daniel Ortega “ganó” las elecciones presidenciales con menos del 20 % de apoyo popular debido a que la inmensa mayoría no tuvo la oportunidad legal de expresar su voluntad.
Daniel Murolo
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