El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió este jueves al Congreso que apruebe con «urgencia» la reforma constitucional que crea el sistema de justicia pactado con la guerrilla de las FARC para superar medio siglo de guerra interna.
El jefe de Estado pidió a los congresistas que aprueben «lo más pronto posible» el sistema integral de justicia previsto en el pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), firmado en noviembre tras cuatro años de negociaciones en Cuba.
«Es una urgencia que el país entero clama», dijo el mandatario durante la posesión del nuevo ministro de Justicia, Enrique Gil, que reemplaza a Jorge Londoño, quien renunció en febrero para participar en las elecciones generales de 2018 en el partido Alianza Verde (centro).
Santos ha considerado esta reforma como «la más importante» y la «columna vertebral» del acuerdo de paz, pues considera que brinda la «seguridad jurídica necesaria» para la terminación de la conflagración interna.
Se trata de «un sistema de justicia especial inédito, con el que garantizamos que los responsables de los crímenes más graves sean investigados, juzgados y sancionados por un tribunal», explicó este jueves.
La plenaria del Senado está citada el lunes para continuar con el último debate de la reforma constitucional, que se discute desde enero y ya fue avalada por la Cámara de Representantes. En caso de ser aprobada, la norma pasará a sanción presidencial y a revisión de la Corte Constitucional.
La reforma instaura el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ideada para juzgar a guerrilleros, agentes estatales y civiles que hayan cometido delitos «en el contexto y en razón» del conflicto armado.
La estructura jurídica en esencia prioriza verdad y reparación a las víctimas sobre las penas de prisión a los victimarios.
Según el pacto de paz, quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.
Los rebeldes señalados de delitos políticos o conexos serán amnistiados, desde que no estén acusados de delitos graves contra los derechos humanos, como secuestro, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual o reclutamiento de menores.
Para los miembros de la fuerza pública se aplicará la renuncia de la persecución penal, en caso de que no estén acusados de delitos contra el DIH.
AFP
