Para el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, el pueblo debe rechazar el llamado inconstitucional a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), manteniendo la lucha pacífica en la calle, tal y como rechazó las sentencias de marzo del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional.
El especialista en derechos humanos explicó que la elección de una Asamblea Nacional Constituyente tiene como objetivo, de conformidad con el artículo 347, “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. En virtud de estas competencias la ANC puede abolir los llamados “poderes constituidos”, como las gobernaciones, e imponer un esquema de división y gestión territorial que prescinda de las figuras de los mandatarios regionales, como precisamente ha sido descrito en la propuesta del llamado “Estado Comunal”.
De tal manera, el llamado a elecciones de gobernadores que se está haciendo con un año de diferencia, podría quedar disipado con la nueva Constitución; al respecto Uzcátegui aclaró que el pueblo debe defender la Constitución de 1999 y hacer que se cumpla, ya que a su juicio se estaría consolidando un Estado dictatorial y forajido.
Puntualizó que la propuesta entregada por el presidente Nicolás Maduro, la cual fue aprobada por la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, pretende la elección de 540 constituyentistas, quienes redactarán la nueva Carta Magna. Según su modelo, Maduro establece que 364 constituyentistas serían elegidos en una votación por municipios, de acuerdo con jurisdicciones decididas por el CNE, mientras que 176 serían electos como representantes sectoriales: trabajadores, indígenas, estudiantes y campesinos. Esta propuesta no explicó razones de naturaleza técnica, ni por qué se justifica realizarlo de manera diferente al proceso realizado en 1999, bajo la presidencia de Hugo Chávez.
Es de recordar que el tiempo previsto en 1999 para el funcionamiento de la ANC era de 6 meses. Si este plazo fuera el mismo para la ANC a elegirse en julio de 2017, sus deliberaciones llegarían hasta enero de 2018.
Al anunciar la convocatoria a elecciones para una irregular Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sin realizar un referendo consultivo previo y vulnerar el voto universal para la selección de sus miembros, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está cerrando los mecanismos institucionales de resolución del conflicto y allanando el camino para la protesta violenta en el país.
Para Uzcátegui la propuesta de Maduro busca darle rango constitucional a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) y Arco Minero entre otros, lo cual significaría para el país una regresión en materia de derechos, vulnerando el principio de progresividad, el cual según el coordinador de Provea, se encuentra en riesgo.
De acuerdo con el especialista el mandatario nacional con la Constituyente, la cual definió como anticonstitucional, está obstruyendo los mecanismos para la solución de los conflictos de una manera pacífica; por eso insistió en el llamado a las manifestaciones de calle sin violencia.
Con relación al Plan Zamora, precisó que es la ausencia de la democracia y la ocupación militar del país, así como la legitimación de los grupos violentos paramilitares; dijo también que además de juzgar a civiles en tribunales castrenses y realizar allanamientos sin orden judicial, roban a manifestantes y violan el debido proceso.
Destacó que la fiscal Luisa Ortega reconoció los atropellos contra los manifestantes y el uso desmedido de la fuerza de seguridad, al tiempo que aclaró las causas de muerte de Juan Pernalete.gf
Beatriz Hernández