Para el politólogo Sergio Graffe la rápida actuación del CNE para organizar la constituyente personal del presidente Maduro volvió a poner en evidencia la “parcialización y ventajismo” del organismo electoral en los procesos que benefician al gobierno en comparación con la rigidez y lentitud que ha aplicado cuando se trata de solicitudes realizadas por la oposición en cuanto al referendo revocatorio presidencial, la renovación de los partidos políticos y la suspensión de las elecciones regionales.
Recordó que durante el año 2016 el CNE tenía la obligación legal de realizar el referendo revocatorio presidencial, pero este proceso fue sometido a un vía crucis administrativo mediante una cantidad innecesaria e ilegales auditorías y juicios jurídico que terminaron con su anulación en octubre de ese año por parte de una decisión conjunta entre el organismo electoral y siete tribunales penales por supuestas irregularidades en la fase de recolección del 1 % de las firmas de convocantes cuando estaba a punto de pasar a la fase de recolección del 20 % de las firmas requeridas para activarlo, después de seis meses de la solicitud aceptada por el CNE.
El dirigente de Copei agrega que igual destino de retrasos y manipulaciones alevosas fue el de la renovación de los partidos políticos porque aunque el artículo 25 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, Manifestaciones Pública y Reuniones establece que este trámite se debe realizar a los seis meses siguientes de una elección nacional (en este caso fue la de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre de 2.015), hubo una componenda entre el TSJ y el CNE para alargar los lapsos de manera indebida con el objetivo expreso de no realizar las obligadas elecciones regionales el año pasado.
-Para “justificar” la suspensión del anterior proceso, el CNE argumentó que no disponía de tiempo ni de las condiciones técnicas para llevarlo a cabo mientras continuara la renovación de los partidos políticos; pero con la celeridad y la facilitación que ha tenido con la iniciativa del presidente Maduro para convocar su constituyente, no aplicaron el mismo criterio restrictivo sino que, por lo contrario, lo han acelerado a niveles y condiciones violatorias de la Constitución Nacional y las leyes electorales del país.
Recordó que El proceso constituyente protagonizado por Chávez duró casi 11 meses desde el 2 de febrero del año 1999 cuando emitió el decreto de convocatoria hasta el 15 de diciembre con la aprobación de la nueva Constitución Nacional, pasando por los sendos referendos consultivos del 25 de abril para la convocatoria formal y las bases comiciales y la elección de los constituyentes el 25 de julio de ese mismo año; lo que implica queeste CNE está utilizando apenas tres meses para la elección de los integrantes de la constituyente de Maduro desde que emitió el decreto el 1 de mayo hasta el 30 de julio cuando se elegirían los nuevos integrantes de la misma.
“Pero el CNE no sólo ha violentado los lapsos y procedimientos usados por el finado Chávez en 1999 sino que en esta oportunidad le está dando facilidades a los candidatos del Pusv para que se postulen sin que cumplan con criterios mínimos de cualquier candidato para un cargo de elección popular porque no hará auditorías para verificar lacualidad de ser candidatosni por sectoresni por territorios, para conocer si reúnen las condiciones de elegibilidad que exige la ley y la Constitución pero sobre todo porque el criterio del 3 % de firmas no está establecido en ninguna parte de nuestras leyes”, dijo.
Agregó que la actual exigencia del 3% de firmas de apoyo para un candidato por iniciativa propia o por grupos de electores es absolutamente ilegal e inconstitucional porque la Ley citada de Partidos Políticos es taxativa en cuanto a que lo mínimo debe ser el 5% para cualquiera de los dos casos, pero antes se deben crear los grupos de electores que supone un proceso bien complicado de apoyo de al menos el 5% de los electores de la respectiva jurisdicción y para el 3% de apoyo sectorial es mucho más de los 500 o 1000 porque la base de 83.000 que estableció Maduro en sus personales bases comiciales tampoco coinciden con esta exigencia.
-En un análisis serio y objetivo, considero que el CNE no sólo violenta la Constitución Nacional sino que violenta sus propias normas y ese ventajismo grosero tendrá una incidencia muy negativa para que la participación electoral sea apenas del 10% nacional y que obedece a un criterio de una trampa electoral apoyada por los poderes constituidos que siguen en su manía de mantener el poder en contra del 90% que exigen un cambio para bien.
Daniel Murolo
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