CARACAS. La mayoría opositora del Parlamento venezolano designó este viernes un tribunal supremo paralelo al actualmente en funciones, al que acusa de servir al gobierno, como parte de una escalada para obligar al presidente Nicolás Maduro a dar marcha atrás con su Asamblea Constituyente.
En una sesión celebrada en una plaza pública del este de Caracas, el presidente del Legislativo, Julio Borges, juramentó a 33 personas como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Mientras eso ocurría, en el centro de la capital el TSJ advertía que los parlamentarios deben ser encarcelados por este acto «nulo» y de «ánimo subversivo».
La corte reiteró que la cámara está en desacato y todas sus decisiones carecen de validez, por lo que la designación de jueces tipifica una «usurpación de funciones» y «traición a la patria», este último delito castigado con prisión.
Borges dijo que la nueva corte forma parte del «cambio que pronto tendrá» Venezuela, con una «justicia al servicio del pueblo y no de una parcialidad política».
El actual tribunal fue designado a fines de 2015 por la anterior mayoría chavista en el Parlamento, días antes de que la oposición tomará el control tras una victoria aplastante en las urnas.
Desde entonces se desató un choque de poderes: en enero de 2016 el TSJ declaró en desacato al Legislativo por juramentar a tres diputados acusados de fraude electoral; en tanto, la cámara desconoce a la corte por considerar que su elección fue ilegal./AFP
TSJ: Actos de la AN carecen
de validez y de eficacia jurídica
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulo el proceso mediante el cual la Asamblea Nacional (AN) designó a un grupo de personas como magistrados del Alto Tribunal, pues estarían violando las normas constitucionales y legales.
El máximo Tribunal reiteró este viernes que mediante sentencia N° 545 que la AN se mantiene en desacato, «y en consecuencia todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, carentes de validez y de eficacia jurídica».
Asimismo, observó que tal como lo decidió el Consejo Moral Republicano culminó la oportunidad para la preselección, designación y juramentación de los magistrados, detalla un comunicado.
La Sala Constitucional reiteró a los diputados de la AN, a los integrantes del írrito Comité de Postulaciones Judiciales y a los ciudadanos que se pretendan investir del cargo de magistrados, que tal conducta incurre «en el delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 213 del Código Penal, en concordancia con lo previsto en los artículos 131 y 138 de la Constitución».