La vida entre cuatro paredes muchas veces sin ventilación ni luz natural, como en el caso del que fuera alcalde de San Cristóbal en Táchira, Daniel Ceballos, no debe ser fácil y menos si es por pensar diferente al Gobierno.
Vivir tras las rejas es una realidad para nueve efectivos de la Policía Metropolitana, quienes según se indica son los primeros presos políticos del llamado gobierno socialista.
La cifra de privados de libertad ha aumentado significativamente en los últimos años; según el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, la última actualización señala que 382 ciudadanos recibirán el 2018 tras las rejas. Apuntó que 37 recibieron medidas de excarcelación en los últimos días.
Entre las 37 personas figuran 12 de los 14 policías de Chacao presuntamente vinculados al asesinato del chavista Ricardo Durán, un periodista que fue director de prensa de la Asamblea Nacional. Éstos fueron puestos en libertad hace pocos días y llevados a la Asamblea Nacional Constituyente, quien se atribuyó la decisión.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, escribió en la red social Twitter que recibió la lista actualizada del Foro Penal Venezolano. Se habla de que por los resultados del diálogo más de 100 presos podrían obtener medidas en enero.
De la cifra resaltan los agentes de la Policía Metropolitana, quienes fueron señalados en el juicio más largo de la historia del país, por los sucesos del 11 de abril de 2002; han recibido beneficios por estado de salud cuatro, el resto cumple sentencia en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques
Una de las defensoras de estos funcionarios, Theresly Malavé, refirió que “la justicia nunca ha estado de lado de ellos. Les ha dado la espalda aunque hicieron carrera apegada a ese valor con uniforme y placa de policía. Su culpabilidad en los hechos del 11 de abril de hace 15 años no ha sido demostrada. Aun así siguen pagando condena sin que se apliquen las medidas sustitutivas de libertad. Para ellos es un derecho negado. Son nueve hombres, los primeros presos políticos del Gobierno que enfrentaron el juicio más largo del país y ahora luchan contra un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo.
Subrayó que para ninguno de estos exfuncionarios ha sido posible apelar al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que establece en la ejecución de sentencia el otorgamiento de medidas alternativas de cumplimiento de pena.
El agente Erasmo Bolívar, el inspector jefe Héctor Rovaín, el cabo primero Luis Enrique Molina, el sargento Julio Rodríguez y los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas fueron condenados a 30 años la noche del 3 de abril de 2009 por la jueza Marjorie Calderón. Han pasado 14 años y ya debían gozar “no de un beneficio sino de formas distintas de cumplir la pena verificando la conducta del detenido con exámenes psicosociales y evaluaciones de equipos multidisciplinarios”.
Malavé detalló que con 1/4 de la pena pueden optar por el destacamento de trabajo que consiste en salir a diario a cumplir funciones de empleado en alguna empresa y regresar a su centro de reclusión; “con 1/3 les corresponde el régimen abierto en el que se le permite vivir en una casa alejada del lugar de los hechos. Con 2/3 pueden optar a libertad condicional con régimen de presentación en tribunales y con 3/4 al confinamiento por trabajo y estudio.
Solo algunas medidas se han cumplido pero no han sido suficientes. Rodríguez, Forero y Vivas recibieron casa por cárcel en 2011 y Simonovis en septiembre de 2014. Todos están en sus casas por razones de salud pero podrían volver junto a los otros cinco expolicías al Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde si se determina que sus patologías han mejorado. El resto de los funcionarios policiales permanecen en la cárcel militar a pesar de su delicado estado de salud como Erasmo Bolívar.
Otros casos bastante conocidos por ser los primeros condenados por las protestas de 2014 son los de Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel, recluidos en el Centro Penitenciario de Alayón, en Aragua; fueron condenados a más de 8 años de cárcel por los delitos que fueron señalados en marzo de 2014, cuando en medio de una protesta en las adyacencias del Parque de Ferias San Jacinto en Maracay para evitar las fiestas patronales, funcionarios de la Policía de Aragua los detuvieron.
El abogado de Tirado y de Baduel, Omar Mora Tosta, resaltó que en el acta policial existen varias incongruencias como la hora y ubicación de los detenidos. A pesar de que la medida fue a la Corte de Apelación del Palacio de Justicia en Maracay, los jueces fallaron en contra de los jóvenes. También en su momento la defensa señaló torturas de las cuales fueron víctimas los dos presos políticos en su paso por la cárcel de Uribana, en Lara. Resaltó que tuvieron quemaduras en los órganos genitales tras ser obligados acostarse en el asfalto caliente de la cancha del recinto penitenciario.
Este año también se lograron algunos beneficios siendo los más resaltantes la medida de casa por cárcel para el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, así como las órdenes de excarcelación para 21 estudiantes de la UPEL Maracay, la libertad con prohibición de salida del país del politólogo Vasco Da Costa, a José Luis Santamaría y Efraín Ortega, así como la excarcelación de Yon Goicochea, quien tenía un beneficio desde 2016. Se fugaron el exalcalde Metropolitano Antonio Ledezma, quien tenía medida de casa por cárcel y ahora está en España, y el exalcalde del municipio aragüeño Mario Briceño Iragorry, Delsón Guárate, quien huyó a Colombia.gf
Iliana Beatriz Hernández