A finales de marzo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, en la cual le quitaba competencias a la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015, provocó según la entonces Fiscal de la República una ruptura del “Hilo Constitucional”, los magistrados aunque recularon la decisión provocó manifestaciones multitudinarias en todos el país, dejando al menos 140 fallecidos de los cuales dos fueron asesinados en los Altos Mirandinos.
La primera de las víctimas mortales de las protestas de 2017 contra el Presidente Nicolás Maduro, era un joven estudiante de 19 años que estaba participando en una noche de protestas en el sector Montaña Alta de Carrizal.
Jairo Ortiz fue asesinado al recibir un disparo en el pecho presuntamente, fue víctima de un efectivo de la Guardia Nacional, perteneciente al contingente de castrenses que arremetió con gases y armas de fuego, contra todos los ciudadanos que una calurosa noche de un jueves de abril, mostraban el descontento no solo por la decisión del TSJ, también en contra de las políticas del Gobierno Nacional, las cuales alegaban los manifestantes hundieron al país en un grave crisis económica y social.
El segundo caído en las acciones de calle en los Altos Mirandinos, fue Diego Arellano, quien con una sonrisa al ser socorrido, marcó con tristeza las protestas específicamente en el municipio Los Salías.
Diego Arellano, era biólogo herpetólogo salió a protestar en San Antonio de los Altos, estado Miranda, y alrededor de las 11:30 am fue impactado por una bala a la altura del tórax. Dos horas después falleció mientras era intervenido quirúrgicamente en la Policlínica Parque El Retiro.
Un paramédico relató que atendió a Arellano herido cuando lo montaron en una moto: “Lo vi con las pupilas dilatadas, pálido, no me respondía su nombre hasta que dijo: ‘Diego’. Lo mandamos directo a que lo atendieran”. Fue trasladado en una ambulancia a la Policlínica Parque El Retiro. Al llevárselo la gente que lo acompañaba gritó: “¡Fuerza, Diego, tú puedes!”.
Aunque las muertes de Ortiz y Arellano, fueron las únicas que ocurrieron en los Altos Mirandinos, la cifra exacta de heridos se desconoce con exactitud, al igual que las de detenidos, María José González directora de Caritas – Los Teques, refirió que la organización de la Iglesia católica ayudó conjuntamente con la comisión de Derechos Humanos, al menos a 80 familias, mientras 15 casos están debidamente documentados, ya que los organismos de seguridad incurrieron en delitos de lesa humanidad.
“Tuvimos casos de jóvenes que fueron violados con tubos, orinados, maltratados físicamente y psicológicamente, otros tuvieron desapariciones forzadas y en un caso en particular los efectivos de la Guardia Nacional, no aceptaron de inmediato la decisión de libertad emitida por el Ministerio Público”, indicó González.
Mientras el obispo de Los Teques, Monseñor Freddy Fuenmayor al ser consultado con relación a los casi 400 presos políticos que aún permanecen tras las rejas por adversar al Gobierno Nacional, sentenció “ojalá se lograra la amnistía que tanto ha pedido la Iglesia Católica. No debería ser un crimen pensar diferente, esto en un verdadero país democrático, además muchos luego de más de un año, todavía no han sido enjuiciados”.
Ahora bien, las protesta que se extendieron por más de 4 meses en todo el país, no solo dejaron muertos, heridos, presos, también fueron contabilizados destrozos en propiedades públicas y privadas, así como saqueos y allanamientos sin órdenes a moradas, siendo las más significativas las perpetradas en San Antonio de los Altos, Montaña Alta en Carrizal y las del Barbecho en Los Teques.
Los reportes oficiales de las fechan indicaban en su momento que al menos 50 negocios fueron saqueados en la Semana Santa en Los Teques, mientras también hubo testimonios que precisaban que un grupo de personas procedió a saquear la panadería Prestige, ubicada en el km 16 de San Antonio de los Altos, donde causaron destrozos y se llevaron gran cantidad de mercancía y equipos de computación.
Lo mismo ocurrió en un supermercado, llamado Fresko Market de Corralito, donde se llevaron alimentos, bebidas, pañales, aceite, productos de higiene personal, gaveras llenas de mantequilla y todo lo que encontraban a su paso.
Cabe destacar que los vecinos en su momento señalaron que durante el saqueo no hubo presencia inmediata de los cuerpos de seguridad, por lo que pudieron vaciar por completo los locales. «A los saqueadores no los tocan. A los jóvenes que protestan los matan a tiros» indicó una vecina que presenció el saqueo de la panadería desde su residencia.
También efectivos de seguridad causaron grandes destrozos en los edificios de la Recta de las Minas, en Los Salías, en Montaña Alta en Carrizal, en Los Nuevos Teques entre otras zonas.
A pesar de las acciones de calle que duraron cuatro meses, no se logró el objetivo principal que era llamar a unas elecciones generales con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), aceptar la ayuda humanitaria, libertad plena para todos los llamados presos políticos, entre otros requerimientos que fueron reforzados con la participación en una consulta popular que se realizó el 16 de julio de 2017 con la organización civil que tuvo como resultados la participación de 7 millones 600 mil venezolanos.
Sin duda alguna, Venezuela atraviesa una grave crisis, con la inflación más alta del mundo, ya una hiperflación con variaciones de precios a diario, recesión económica y escasez de las que la oposición culpa a Maduro. Pero el Presidente de 55 años dice que son sus adversarios los responsables por llevar a cabo una «guerra económica» contra el gobierno socialista. Para el 2018, los escenarios no son muy promotores, a pesar del dialogo el cual continuara en República Dominicana en enero y de unas elecciones presidenciales, al parecer con el mismo Consejo Nacional Electoral y una oposición bastante dividida, además de una población decepcionada por ambos sectores.
Iliana Beatriz Hernández